Sindicato Médico Andaluz

El Consejo de Gobierno Andaluz ha aprobado hoy martes el Decreto-ley de Medidas Urgentes en Farmacia, que establece, entre otras mejoras, la adjudicación por convocatoria pública de los medicamentos que se dispensan. Según la Consejería de Salud, esta medida permitirá avanzar en la eficiencia económica del Sistema Sanitario Público de Andalucía y obtener nuevos márgenes que se reinvertirán en el servicio, de hecho su consejera, María Jesús Montero, ha estimado este martes que su departamento prevé que a partir de enero próximo esté lista la primera convocatoria pública de licitación de moléculas farmacéuticas --medida conocida como 'subasta de fármacos'-- para los tres primeros subgrupos terapéuticos ya fijados, estos es, la familia de las estatinas, los protectores gástricos y los inhibidores plaquetarios. El ahorro que aportará esta medida cuando se aplique en su totalidad, que no está cuantificado finamente, se dice que estará en una horquilla de entre 40 y 200 millones de euros anuales; esto está bien siempre y cuando no se convierta en el "chocolate del loro", pues está aún por ver qué empresas y con qué solvencia acudiran a un concurso para fabricar por ejemplo omeprazol 20 mgr. por menos de 2 euros la caja de 28 capsulas, para dejar algo de margen de ganancias en distribución, manipulación y venta por las farmácias, ya que en estos momentos se encuentra a algo más de 3 euros como precio final, y puesto que se trata de rebajar para ganar el concurso, algo tendrán que rebajar el precio los concursantes.

La nueva norma tiene el doble objetivo de disminuir el gasto en medicamentos y productos sanitarios y contribuir a la mejora de la dispensación, al evitar cambios de presentación en los envases. La Consejería de Salud estima que esta iniciativa generará un ahorro anual de entre 40 y 200 millones de euros.

El precio de salida de los medicamentos en la convocatoria pública será el menor estipulado por el Ministerio competente en materia de sanidad y consumo. El colectivo de las oficinas de farmacia mantendrá sus actuales márgenes de beneficio sobre la venta, que están determinados por normativa estatal.

El Decreto Ley, como medida de racionalización del gasto farmacéutico, establece la adjudicación por convocatoria pública de los medicamentos dispensados en las farmacias andaluzas a los usuarios que acudan con una receta por principio activo. De este modo se pretende lograr una mayor eficiencia económica, dado que la adquisición de 190 millones de envases de medicamentos al año para ocho millones de usuarios conllevará bonificaciones por parte de la industria farmacéutica que repercutirán en la sostenibilidad del sistema sanitario.

Este proceso de selección estará abierto a todas las empresas y laboratorios que comercialicen los medicamentos. La iniciativa comenzará por tres de los 400 subgrupos terapéuticos más consumidos: los protectores gástricos (se consumen anualmente medicamentos por valor de 97,5 millones de euros); las estatinas, usadas para reducir el colesterol (91 millones), y los inhibidores de la agregación plaquetaria, indicados para la prevención de coágulos y disminuir el riesgo de infarto e ictus (47 millones). Las convocatorias públicas podrán comenzar su tramitación el próximo mes.

La Consejera que ha comparecido al término de la reunión del Consejo de Gobierno de la Junta, en la que se ha aprobado el Decreto Ley de Medidas Urgentes en Farmacia para permitir esa adjudicación por convocatoria pública de los medicamentos a aquellos laboratorios que oferten a la Administración un precio más bajo, Montero ha definido este decreto ley como una "norma rompedora" que persigue "seguir avanzado en la eficiencia económica" del sistema sanitario público andaluz.

De hecho, ha avisado de que en el campo de la farmacia "aún existe margen de maniobra" para conseguir mayores ahorros, para lo cual ha puesto como ejemplo que, en España en general y Andalucía en particular, el peso que representa el gasto en farmacia es de un 21,4 y un 22 por ciento respectivamente, frente a la media de otros países de la OCDE, que es del 14 por ciento.

No obstante, ha ahondado en las políticas de uso racional del medicamento del Gobierno andaluz, de las que ha resaltado han sido incorporadas por otras comunidades y el Gobierno central, así como de la prescripción por principio activo, "que hoy en día en la comunidad suponen nueve de cada diez recetas que se prescriben".

Esta modalidad de prescripción, ha recordado, está indicada por la propia OMS y supone que los médicos no prescriben la marca comercial del medicamento sino el principio que produce la acción terapéutica.

En cuanto a la norma en sí, la misma establece la selección por convocatoria pública de los medicamentos que se va a entregar en las farmacias andaluzas a los usuarios que acudan con una receta por principio activo, con lo que se pretende aprovechar la economía de escala que supone adquirir medicamentos para ocho millones de usuarios y conseguir "bonificaciones" por parte de la industria farmacéutica que repercutan en la sostenibilidad del sistema sanitario.

En cuanto al proceso de selección, el mismo estará abierto a todas las empresas y laboratorios que comercialicen los medicamentos. En principio, se va a comenzar por tres de los subgrupos terapéuticos más consumidos de los 400 existentes. En concreto, por los protectores gástricos (que suponen una facturación anual de 97,5 millones de euros); las estatinas, usadas para reducir el colesterol (91 millones) y los inhibidores de la agregación plaquetaria, indicados para la prevención de coágulos, disminuir el riesgo de infarto e ictus (47 millones).

Así mismo, Montero también ha recordado que el decreto recoge la creación de un fondo de ayudas para el mantenimiento de las boticas de pequeños núcleos poblaciones, de las que ha dicho "ofrecen un servicio público inestimable sin ser rentable en muchos casos" y son razón de ser "del actual modelo mediterráneo de farmacia". Por este motivo, la Consejería de Salud destinará a este fondo de ayudas el 10 por ciento de los beneficios que se obtengan de la aplicación de la norma.

Rspecto de esto último, conviene aclarar que Andalucía cuenta con 700 farmácias rurales, más unas 300 de nueva adjudicación, cuyo listado aún no se ha publicado a pesar de haber terminado el periodo de alegaciones, por lo que desde Sefar alegan que existe mucha preocupación porque, de no salir aún, "se alargaría la agonía de los compañeros que se encuentran con farmacias en municipios muy pequeños". Así lo ha expresado Francisco González, vicepresidente segundo de Sefar, quien también apuntó que "sería deseable que la administración cumpliera al menos los plazos que marca la ley para las diferentes fases del concurso, ya que ha creado mucha expectativa en los rurales y ahora la situación es de total incertidumbre". Es decir cuando sean 1.000 las fármacias rurales en Andalucía, que lo serán, y el beneficio aportado por la medida del Decreto-ley 40-50 millones de euros, será 4.000 o 5.000 euros de ayuda por establecimiento año, todo un dispendio de voluntades que sin duda como no echen mano de otros recursos, como el e-diagnostico, tendrán que cerrar o costear, arruinándose a la vez, este servicio público.

Como novedad, Montero también ha avanzado que su departamento va a extender la factura informativa, que actualmente funciona en 34 hospitales, a las oficinas de farmacia. Los tiques de compra de cada producto detallarán el coste asumido por el sistema sanitario público de Andalucía.

Esta medida, ha concluido, se une a otras como las plataformas provinciales de contratación, que están permitiendo un ahorro de 100 millones de euros anuales, o la descentralización que conlleva la gestión clínica.

El Decreto Ley que se aprueba hoy se someterá al refrendo del Parlamento en la próxima sesión plenaria y regulará también la prescripción por denominación genérica de los productos sanitarios, que se iniciará con los absorbentes para la incontinencia urinaria.

Fuente: Consejo de Gobierno y Europa Press

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