El Consejo de Gobierno de ayer martes aprobó los estatutos de las ocho agencias instrumentales creadas en el marco de la Ley 1/2011 de Reordenación del Sector Público Andaluz. Según la Junta de Andalucía, esta reestructuración supondrá un ahorro anual de tres millones de euros en salarios y la supresión de 166 puestos directivos. Asimismo, la consejera de la Presidencia, Mar Moreno, ha informado de que, con esta reforma, "se suprimen 114 entes públicos, de los que 102 desaparecen como consecuencia directa de la Ley de Reordenación del Sector Público y otros 12 se han venido suprimiendo mediante otros mecanismos"; una vez más se aprovecha el tiempo vacacional para la publicacion o toma de posturas muy contestadas por quienes les incumben, veremos que dicen los funcionarios de carrera.
La reestructuración acordada incluye también la modificación de los organigramas de las consejerías de Economía, Innovación y Ciencia; Empleo; Agricultura y Pesca; Igualdad y Bienestar Social, y Medio Ambiente, cuyos correspondientes decretos también ha aprobado el Gobierno andaluz.
La portavoz del Ejecutivo autonómico ha manifestado que, con esta medida, se cierra el proceso de "reforma, ordenación y modernización" del sector público andaluz "más ambicioso" que se ha producido en la comunidad. En este sentido, ha explicado que se ha llevado a cabo una "profunda revisión" de toda la estructura de entes públicos de la Junta "que cumplieron su función, pero que ahora tocaba recortar y reformar".
En esta línea, Moreno ha subrayado la "complejidad" de este proceso, "que no ha estado exenta de protestas y discusión", al tiempo que ha señalado su "necesidad", ya que "va a permitir a Andalucía tener una administración más austera, más compacta, más moderna, con plena garantía de lo publico, sin recortar derechos de los trabajadores, ni servicios públicos". Asimismo, ha recordado que se trataba de "un reto y un compromiso del presidente Griñán".
La consejera ha recordado, igualmente, que esta reforma "no es la única impulsada por el Gobierno andaluz". Así, se ha referido a la modificación "de carácter institucional impulsada a través de la leyes locales", a la reforma fiscal, que ha introducido "criterios ambientales y de progresividad", a las transformaciones introducidas en materia de las subvenciones que se dirigen a las empresas andaluzas, de forma que "estamos pasando de las subvenciones a fondo perdido a un sistema de avales y créditos", y a las medidas encaminadas a la simplificación administrativa.
Moreno ha señalado que se trata de "reformas necesarias e imprescindibles que el Gobierno andaluz ha venido acometiendo en el momento oportuno y de manera satisfactoria". De esta forma, ha señalado que, con todo este proceso, "estamos preparando a Andalucía para una nueva etapa, para un cambio de modelo económico que queremos que se produzca de manera paralela a la recuperación de la economía".
Los nuevos estatutos, negociados con las organizaciones sindicales en el marco de la Mesa General del Empleado Público de la Administración de la Junta, son los de la Agencia Andaluza del Conocimiento, la Agencia de Obra Pública de la Junta de Andalucía, el Servicio Andaluz de Empleo, la Agencia Pública Empresarial Sanitaria Costa del Sol, la Agencia de Gestión Agraria y Pesquera de Andalucía, la Agencia de Servicios Sociales y Dependencia de Andalucía, la Agencia Andaluza de Instituciones Culturales y la Agencia de Medio Ambiente y Agua.
La Consejería de Economía, Innovación y Ciencia modifica su estructura con la puesta en marcha de la Agencia Andaluza del Conocimiento, como agencia pública empresarial, y la supresión de la Secretaría General de Telecomunicaciones y Sociedad de la Información.
La Agencia Andaluza del Conocimiento pasa a asumir las funciones y el personal de la Agencia Andaluza de Evaluación de la Calidad y Acreditación Universitaria, de la Sociedad para el Impulso del Talento (Talentia) y del Centro de Innovación y Transferencia de Tecnología de Andalucía (CIT Andalucía).
En cuanto a la supresión de la Secretaría General de Telecomunicaciones y Sociedad de la Información, sus competencias las asume la Secretaría General de Innovación, que a partir de ahora pasa a denominarse de Innovación y Sociedad de la Información. Entre otras funciones, asumirá las relativas a telecomunicaciones, sociedad de la información e innovación, prospección y evaluación en las administraciones públicas andaluzas.
Asimismo, dentro del proceso de optimización de recursos en Economía, Innovación y Ciencia, se suprime el Centro de Negocios de Madrid y el Instituto de Innovación para el Bienestar Ciudadano. Las competencias de estas dos entidades se trasladan a la Delegación del Gobierno de la Junta en Madrid y a la Agencia Andaluza del Conocimiento, respectivamente.
La creación de la Agencia de Obra Pública constituye el cambio más destacado del proceso de reordenación del sector público andaluz en el ámbito de la Consejería de Obras Públicas. La nueva entidad, que adopta la forma de agencia pública empresarial, surge a partir de las antiguas sociedades Ferrocarriles de la Junta de Andalucía y Gestión de Infraestructuras de Andalucía (GIASA).
La Consejería de Empleo modifica su organigrama con la aprobación de los nuevos estatutos del Servicio Andaluz de Empleo (SAE), que se convierte en agencia de régimen especial con el fin de aumentar su autonomía, capacidad de gestión y especialización. El nuevo SAE, que mantiene su actual estructura directiva, asume las competencias e integra al personal de la Fundación Andaluza Fondo de Formación y Empleo y de los consorcios UTEDLT (Unidades Territoriales de Empleo y Desarrollo Local y Tecnológico). Del total de puestos directivos que se suprimen en el marco de la reordenación del sector público andaluz, 95 corresponden a estas unidades.
En el ámbito de la Consejería de Salud, la Agencia Pública Empresarial Sanitaria Costa del Sol pasa a convertirse en la cabecera del grupo integrado por las agencias Bajo Guadalquivir, Alto Guadalquivir y Poniente, que gestionan cuatro hospitales y 11 centros hospitalarios de alta resolución en la comunidad autónoma. Ello implica la aprobación de los nuevos estatutos de la primera de estas agencias (la de mayor antigüedad y volumen de gestión) y la modificación de los del resto.
En la Consejería de Agricultura y Pesca se crea la Agencia de Gestión Agraria y Pesquera (Agapa) y desaparecen la Empresa Pública de Desarrollo Agraria y Pesquero (Dapsa) y del Instituto Andaluz de Reforma Agraria (IARA). Agapa se constituye como agencia de régimen especial para asumir, entre otras funciones, las de ejecución de programas y acciones de fomento; vigilancia e inspección; tramitación de ayudas y subvenciones; gestión de laboratorios, y realización de obras de infraestructuras agrarias y pesqueras. Asimismo, integrará en su seno a las 59 oficinas comarcales agrarias de la comunidad, el Instituto Europeo de Alimentación Mediterránea (Ieamed) y el Complejo Agroalimentario Hacienda de Quinto, situado en Dos Hermanas (Sevilla).
El principal cambio en el organigrama de la Consejería para la Igualdad y Bienestar Social se deriva de la creación de la Agencia de Servicios Sociales y Dependencia y la consiguiente supresión de la Secretaría General para la Atención a la Dependencia. Asimismo, desaparecen la Fundación Andaluza de Servicios Sociales y la Fundación para la Atención a las Drogodependencias e Incorporación Social. La entidad que se crea, configurada como agencia pública empresarial, asume las competencias que hasta ahora venían desarrollando estas fundaciones y la anterior Secretaría. Su creación supondrá el reforzamiento del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia, de cuyas prestaciones se benefician en Andalucía 186.400 personas (el 30% del total nacional).
En la Consejería de Cultura, se crea la Agencia Andaluza de Instituciones Culturales (AAIC), agencia pública empresarial que llevará a cabo funciones de dirección, organización, producción, fomento, promoción y difusión de programas, instituciones, equipamientos e instalaciones culturales. Esto supone la supresión del Instituto Andaluz de las Artes y las Letras.
Finalmente, la Consejería de Medio Ambiente modifica su estructura orgánica con la creación de la Agencia de Medio Ambiente y Agua de Andalucía, como entidad instrumental adscrita, y de la Secretaría General de Agua. La nueva agencia pública empresarial asume las funciones y el personal de la extinta Empresa de Gestión Medio Ambiental (Egmasa), así como una parte de las competencias de la también desaparecida Agencia Andaluza del Agua, especialmente las relativas a emergencias. La otra parte se traslada a la Secretaría General de Agua, que será la encargada de impulsar los proyectos de la Consejería en materias de planificación, participación, dominio público hidráulico, infraestructuras y explotación de aguas.
Fuente: Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía
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