El número de médicos que han sufrido amenazas, coacciones, insultos y agresiones físicas se ha multiplicado en los últimos años y ha propiciado que, en muchos casos, las víctimas se sientan desprotegidas y no denuncien porque no consideran que esta medida sea efectiva. El hecho de que los tribunales tipifiquen la agresión como delito de atentado, cuando se trata de un médico que actúa en el sector público, ha supuesto un primer paso. Aunque los expertos echan de menos una normativa clara, que permita una unificación jurisprudencial sobre el asunto, para que al agresor sea condenado y no haya lugar a interpretaciones que hagan diferencias ante la ley y apuestan por la optimización de los recursos de protección.
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Fromero,
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Sindicato Médico Andaluz
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