Sindicato Médico Andaluz

La Defensora del Pueblo, María Luisa Cava de Llano, entrega el informe anual al presidente del Congreso de los Diputados, José Bono.

El informe señala que en las diferentes investigaciones realizadas constatan diferencias en las carteras de servicios la asistencia sanitaria, prestación farmacéutica, nuevas terapias y medicamentos, calendario de vacunación, salud mental o enfermedades raras.

Asimismo, habla de desigualdades en fibromialgia y fatiga crónica, diagnóstico genético preimplantatorio, cuidados paliativos y tratamiento del dolor, aplicación de técnicas de reproducción humana asistida a personas con VIH, catálogos de prestaciones ortoprotésicas, atención bucodental, cirugía de reasignación de sexo, daño cerebral sobrevenido, atención podológica a diabéticos, terapias contra el tabaco y ayudas económicas a personas celiacas.

El informe lamenta “la confusión y el lógico rechazo” que genera en el ciudadano encontrarse “en situaciones de falta de atención o de atención diferida”, provocadas por la gestión burocrática de los expedientes sanitarios, cuando se acude a un centro de salud radicado en una comunidad autónoma distinta a la suya de residencia. Para intentar solucionar estos problemas, la oficina del Defensor considera que las administraciones involucradas deben adquirir el firme compromiso de respetar los principios de equidad y universalidad que inspiran el sistema nacional de salud.

Otro “principal problema” del sistema sanitario es la “existencia de dilatados tiempos de espera” para las consultas especializadas, las pruebas diagnósticas o las quirúrgicas. “Es menester dejar constancia –según el informe- de que la tramitación del significativo número de quejas en relación con demoras en la atención sanitaria pone de relieve la existencia de un elevado número de pacientes que deben esperar meses, o incluso años, para ser diagnosticados o recibir tratamiento especializado”. Además, lamenta que la información institucional difundida por la Administración sanitaria no permita conocer “datos desagregados por servicios de salud respecto a las respectivas demoras en la atención”.

Las quejas de los ciudadanos ante el Defensor del Pueblo en el ámbito de la Atención Primaria se centran, básicamente, en restricciones en la movilidad de los pacientes dentro del sistema público sanitario, como consecuencia de dificultades para obtener una atención continuada y de calidad en sus desplazamientos a comunidades autónomas distintas a las de residencia; en problemas en el acceso a la atención sanitaria en centros de salud; y en inadecuaciones estructurales de centros y servicios e insuficiente dotación de profesionales en los mismos. Al igual que en el ámbito de Primaria, los indicadores de recursos en el de especializada ofrecen también significativas diferencias en el conjunto del Sistema Nacional de Salud.

La ley del tabaco tiene también cabida en el informe del Defensor del Pueblo, que reitera la necesidad de adoptar medidas destinadas no sólo a reducir la inducción al consumo de tabaco, sino también a promover los legítimos derechos a la protección de la salud de los no fumadores. Respecto a las quejas, destaca las de entidades en defensa de los derechos de los fumadores o las relacionadas con las consecuencias para los empresarios de restaurantes que habían realizado las reformas necesarias de adaptación a la ley anterior.

Por otro lado dicho informe presentado a las Cortes Generales ha dejado fríos a los usuarios del Sistema Nacional de Salud (SNS), que consideran el texto poco más que “papel mojado”. En declaraciones a Redacción Médica, el presidente del Foro Español de Pacientes, Albert Jovell, ha manifestado la “frustración” de las asociaciones ante estos informes, “que son noticia dos días y luego se olvidan hasta el año siguiente”.

A juicio de Jovell, instituciones como el Defensor del Pueblo “se han de legitimar para que, de ese modo, cuando saquen un informe puedan exigir respuestas; sin esa premisa, ¿para qué valen?”. “Nos preocupa que España se convierta en un país de informes y no de acciones. No hace falta que el Defensor del Pueblo venga a decir que se intuyen desigualdades; las hay, incluso dentro de las mismas comunidades, pero no se miden, porque, si se hiciera, el siguiente paso sería exigir que se solucionen”, ha sentenciado.