Sindicato Médico Andaluz

La ministra Leire Pajín ha autorizado a que 1.000 médicos extranjeros que se encuentran ilegales en España puedan examinarse para el MIR el próximo 29 de enero en distintas universidades de nuestro país, según viene publicando LA GACETA en los últimos días.

La titular de Sanidad adopta esta extraña resolución en mitad de un proceso que instruye el Juzgado de Instrucción número 2 de Murcia para determinar las responsabilidades en las que hayan podido incurrir una red de presuntos estafadores desarticulada por la policía, dedicada a traer galenos de Santo Domingo a cambio de dinero y facilitarles la documentación para que pasaran por ciudadanos de la UE ante los tribunales examinadores. A la vez la ministra asegura desconocer que hay médicos en España ejerciendo sin la titulación correspondiente, según una nota desde el departamento de prensa de la titular de Sanidad.

“Es más, aclaran, en caso de que así fuera y se nos proporcionara información suficiente probada de personas concretas que están ejerciendo sin el título necesario el Gobierno actuaría en consecuencia y nuestra disposición en colaborar en este sentido siempre será la máxima”. Exponiendo a continuación el alegato eludiendo responsabilidades y atribuyéndoselas a otros ministerios:

“De todos modos, hay dos aspectos importantes: 1) el Ministerio de Sanidad no es el órgano competente para verificar la autenticidad de los títulos de los aspirantes al MIR (Ministerio de Educación) ni, en el caso de los ciudadanos extranjeros, de sus permisos de residencia o pasaportes, etc. (Ministerio de Trabajo y Ministerio del Interior). 2) El Ministerio de Sanidad no es el encargado de contratar a los aspirantes que obtienen plaza en el MIR ni al resto del personal sanitario que trabaja en los servicios regionales de salud, ya que eso es competencia exclusiva de cada comunidad autónoma, que es quien tiene que velar porque el personal que contrata lo hace en condiciones de legalidad”.

El número total de médicos aspirantes a MIR del próximo sábado, superan los 13.600 y la relación de admitidos, “ha sido exhibida en los Servicios Centrales del Ministerio de Sanidad Pública y en las Delegaciones y Subdelegaciones de Gobierno”, y está firmada por la Subdirección General de Ordenación Profesional, es decir, ha sido el propio ministerio quien autoriza o no al aspirante a que pueda presentarse a examen, de ahí la anterior afirmación reforzada en negrita.

Según el atestado policial, López Blanco alteró la condición de extranjeros extracomunitarios de 49 médicos dominicanos traídos a España por la red de presuntos estafadores para que pudieran acogerse a las plazas reservadas para aspirantes españoles y comunitarios, cuestión de la que hemos informadop antes.

Según LA GACETA, en la criba realizada por la investigación a la relación de aspirantes difundida por Sanidad, se han detectado hasta ahora que más de 1.000 no reúnen las condiciones para presentarse a los exámenes y que, sin embargo, el Ministerio ha hecho la vista gorda y se lo ha permitido.

La mayor parte de ellos se encuentran en situación irregular y otros muchos –también irregulares– trabajan como médicos en centros de salud pública, clínicas y establecimientos privados sin reunir los requisitos exigidos por la ley española y por los convenios y directivas emanados con y desde la Unión Europea (UE).

En una primera aproximación realizada por este periódico a la referida lista se ha contrastado que el mayor número de estos extranjeros presumiblemente irregulares son de nacionalidad colombiana, unos 110 aproximadamente. Seguidos de los dominicanos (92), peruanos (39), bolivianos (20), cubanos (11), mejicanos (8), etc.

Además de los aspirantes a MIR originarios de Latinoamérica, se presentarán al examen un egipcio, un indio, un sirio, un argelino y dos marroquíes, entre otros.

Las comunidades y las especialidades médicas que desempeñan estos extranjeros presuntamente irregulares son múltiples y variopintas. Así –y siempre según las mismas fuentes–, por ejemplo, el sirio Ebrahín Al Salahi, que se examinará el próximo 29 en la Facultad de Ciencias de Valladolid, aunque tiene permiso temporal de residencia, trabaja como médico de familia en la Sanidad Pública de Palencia.

Sin embargo, y para enmascarar esta situación de presunta irregularidad, el Ministerio hace constar en la relación de aspirantes que Ebrahin tiene “residencia permanente en España”, señalado en las listas con el epígrafe 2.

La venezolana Mary Carolina Chalchoub Cabrera, llamada a examen en la Universidad de Baleares, aunque tiene residencia temporal figura en las listas del Ministerio con residencia permanente. Trabaja como cirujano en el Servicio Balear de Prevención.

Y continua la LA GACETA, en la Sanidad Pública de Albacete trabaja como médico cirujano la dominicana Xenia Iciano García, con residencia temporal en España y por tanto extracomunitaria. Sin embargo, aparece en las listas del Ministerio con el epígrafe 1, es decir, como si se tratara de un ciudadano de la UE. El examen para MIR, lo tiene en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociológicas de la Universidad Complutense de Madrid.

Dentro de estas listas de aspirantes elaboradas por el Ministerio de Sanidad llama poderosamente la atención una relación de 34 médicos dominicanos, entre ellos Aura Ligia Urraca Rodríguez y Aldonsa Vargas Parra, encuadradas dentro del epígrafe 5, “Falta de acreditación conocimiento de idioma”, que la policía no tiene conocimiento ni de su existencia ni de su permanencia en España.

Lo cierto es que este grupo de dominicanos ni siquiera están en posesión del NIE (Número de Identidad de Extranjeros). Estos incontrolados por la policía están citados para examinarse en el Campus de Fuenlabrada de la Universidad Rey Juan Carlos. Otros de sus compañeros lo harán en el Aulario II del Campus de Alcorcón de esta misma Universidad.

Existen casos curiosos como el de la colombiana Catalina Chica García, quien, pese a que desde mayo de este año tiene extinguido su permiso familiar comunitario por haberlo obtenido de forma fraudulenta, se presenta a examen en la Universidad Autónoma de Madrid como ciudadana de la UE.

Hace cuatro años que el presidente del Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos de España, la organización que verdaderamente ha incidio en el problema, Juan José Rodríguez Sendín, denunció ante el Ministerio de Sanidad y ante la Fiscalía General del Estado el peligro que supone para la salud pública el hecho de que en la actualidad haya en nuestro país del orden de 10.000 a 12.000 médicos extracomunitarios que están trabajando en España en condiciones irregulares.