Sindicato Médico Andaluz

El autor, Juan Abarca Cidón. Director General del Grupo Hospital de Madrid y Secretario General del Instituto para el Desarrollo e Integración de la Sanidad (IDIS), pone en duda la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud y se muestra partidario de que la sanidad pública y la iniciativa privada alcancen un pacto con el que optimizar los recursos y evitar la implantación del copago, en el que no confía para solucionar los males del sistema.

No sé si en algún momento habrá que imponer un copago, pero cuando se haga ya no se podrá dar marcha atrás y parece un dispendio plantearlo sin aprovechar antes la totalidad de los recursos disponibles en nuestro sistema sanitario Fomentemos la integración del sistema privado en el público para evitar ineficiencias y facilitemos que quien pueda permitirse el copago voluntario lo haga para descargar al sistema público y éste se dedique a los que no se lo puedan permitirQue la viabilidad del sistema sanitario se encuentra comprometida es insoslayable. Existen más que motivos para poner en duda la sostenibilidad en un entorno en el que se debe garantizar una asistencia universal gratuita, que además cuenta con el agravante de que ha de darse desde la universalidad y la equidad en acceso y prestaciones.

El incremento del gasto sanitario, debido fundamentalmente al envejecimiento de la población, la cronificación de enfermedades y la actualización tecnológica y terapéutica, hace que las posibilidades de tener un sistema que satisfaga la demanda de la población sea inalcanzable. Hace aproximadamente 20 años la competencia del sistema dependía de tener a disposición del paciente recursos humanos suficientes y bien formados. Sin embargo, en los últimos años, el desarrollo tecnológico para el diagnóstico y el tratamiento ha provocado que la competencia del sistema dependa de forma importante de la actualización de la tecnología, haciendo que no sea posible mantener la equidad en las prestaciones del sistema, ya que no puede haber de todo en todos los sitios. No obstante, sí podemos aspirar a garantizar el acceso de todos los ciudadanos a un sistema que permita, con una acertada gestión, que todo el mundo tenga las mismas oportunidades.

En cualquier caso, no hay que eludir el debate de la financiación y la sostenibilidad. O bien nos replanteamos una profunda reforma o nos encontramos ante el agotamiento de un sistema que no va a ser capaz de mantener un mínimo de los principios que lo ordenan y va a producir ante todo diferencias e injusticias sociales, que en ocasiones, como ya han advertido algunos estudios, se manifiestan en forma de diferencias palpables en la evolución de los procesos en función de dónde viva cada paciente. La reforma quizás pase en algún momento por la implantación de un copago obligatorio, pero no habría forma de imponerlo sin ser injusto para una buena parte de la población, y el efecto sobre la financiación del sistema tendría poca notoriedad.

Sobre el efecto disuasorio del copago para que la gente no acuda a los servicios sanitarios, creo que sería más beneficioso invertir e insistir en formar y educar a la población que en condicionar la intención de un paciente a unos euros que a lo mejor se necesitan para el pan del día siguiente. El Gobierno gasta más del 40 por ciento de sus campañas de publicidad en mentalización medioambiental y de un modo mucho más constructivo; recordemos que con la epidemia de la gripe A y ante el llamamiento de las autoridades de no saturar los servicios sanitarios, la respuesta de la sociedad fue excepcional.

No sé si en algún momento habrá que imponer un copago, pero cuando se haga ya no habrá marcha atrás y parece un dispendio plantearlo sin aprovechar antes la totalidad de los recursos de nuestro sistema sanitario, porque además, y como ahora veremos, a diferencia de todos los países donde ya está implantado y en los que se basan aquéllos que ahora lo ven como la única solución a nuestro sistema sanitario, en España ya hay más de 6 millones de ciudadanos que voluntariamente lo están haciendo, mediante el pago de un suplemento a una aseguradora, descargando al sistema sanitario público. El problema es que no se aprovechan, ni se integran en el sistema sanitario los recursos privados, ni se potencia el que voluntariamente se realice este copago.

En nuestro país, y casi 10 puntos de media por encima con respecto a países de nuestro entorno, la sanidad privada, financiada por el usuario de manera voluntaria, supone casi un 30 por ciento del gasto sanitario total. A modo de ejemplo, y según los últimos datos disponibles, mientras en España la sanidad privada representa un 29 por ciento del peso del sistema sanitario, en Alemania, Italia, Francia y el Reino Unido, representa respectivamente el 23 por ciento, el 23, el 21 y el 18. Además, son sistemas sanitarios en los que la sanidad pública y privada están perfectamente integradas, no como en nuestro país, donde es un pago suplementario a lo que todos aportamos al sistema sanitario público.

La aportación de la sanidad privada al sistema sanitario del país es un 20 por ciento o un 30 más que en los países de nuestro entorno. Es decir, si en España tuvieran que asumirse de golpe, por el sistema sanitario público el 30 por ciento de los servicios que descarga la sanidad privada, posiblemente tendríamos que recurrir a un copago obligatorio para los servicios esenciales sanitarios. Pero hoy no debería ser la primera opción o al menos no debería de plantearse como la única solución a los problemas del sistema, ya que voluntariamente un porcentage importante de la población paga ese copago de manera voluntaria.

El sector sanitario privado cuenta hoy con 491 hospitales y cerca de 56.000 camas. El 25 por ciento de las urgencias del sistema sanitario se producen en hospitales privados, además del 32 por ciento de los ingresos hospitalarios y el 40 de las intervenciones quirúrgicas. En atención ambulatoria se realizan el 15 por ciento de las consultas y cerca del 40 por ciento de las TAC y el 60 de las RMN, lo que habla a favor de la apuesta por la innovación tecnológica del sector.

Según los últimos estudios, existen más de 8,5 millones de usuarios y sus familias que acuden regularmente a la sanidad privada con una póliza de seguro. De ellos, unos 2,5 millones lo hacen fruto de la capacidad de elección que el régimen de las mutualidades públicas permite a los funcionarios entre el sistema público y privado, siendo elegido este último en un 85 por ciento de los casos, y el resto, unos 6 millones de usuarios, lo hacen con el pago voluntario de una cobertura mediante un seguro privado, que produce una descarga directa de gasto al sistema público de unos 1.300 euros por persona y año.

Acuerdo integrador
Ante este panorama, parece más rentable para el bolsillo de los ciudadanos que las autoridades promuevan un pacto entre el sector público y el privado que integre ambos sistemas. Un pacto que permita:

• Promover un mejor conocimiento de la sanidad privada y su aportación al bienestar social a fin de apartar tópicos demagógicos que a lo único que contribuyen es a dar una información errónea a la sociedad desaprovechando los recursos que aporta.
• Facilitar el acceso voluntario de los ciudadanos a un sistema que ha demostrado su eficiencia y que descongestiona al sistema sanitario público.
• Favorecer una visión integral e integradora de la sanidad que obligue a que los sistemas público y privado trabajen codo con codo para tratar de dar la mejor asistencia sanitaria posible a los ciudadanos.

La sanidad privada ofrece un complemento de calidad a quien quiera un sistema complementario a la sanidad pública. Fomentemos la integración del sistema privado dentro del sistema para evitar que haya que recurrir doblemente a la sanidad pública, generando ineficiencia en el sistema y gastos innecesarios, y facilitemos que quien pueda permitirse ese copago voluntario lo haga para descargar de gasto al sistema sanitario público y éste pueda dedicarse a aquéllos que no se lo puedan permitir.

Promovamos una mejor gestión de los recursos para adaptarlos a las circunstancias y no impongamos el copago obligatorio hasta que realmente sea necesario, ya que esta medida cambiará un sistema sanitario con resultados excepcionales sin seguridad de que su imposición vaya a ser la solución a los males del sistema.

Juan Abarca Cidón

Sindicato Médico Andaluz