Sindicato Médico Andaluz

La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo en una recientísima sentencia les abre el camino hacia la estabilidad al anular una Oferta de Empleo de la Administración Autonómica  de Aragón, porque no incluía las plazas ocupadas por interinos, recordando el Alto Tribunal la claridad y contundencia del mandato del Estatuto Básico, que no admite excusas presupuestarias ni invocaciones a la potestad de autoorganización.

En efecto el Alto Tribunal  ha anulado la oferta de empleo público de la comunidad autónoma de Aragón para el año 2007, alegando que "no se atiene a Derecho" la omisión en la misma de las plazas cubiertas por funcionarios interinos. La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Alto Tribunal da la razón a la Asociación para la Defensa de la Función Pública de Aragón (Apudepa), que había recurrido una sentencia previa del Tribunal Superior de Justicia de Aragón (TSJA), y establece que la oferta de aquel año vulneraba el derecho de acceso a la función pública.

En primera instancia, la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJA había desestimado el recurso interpuesto por Apudepa, que a continuación recurrió en casación ante el Supremo, con la oposición tanto de la propia Administración autonómica como del fiscal y de la Federación de Servicios y Administraciones Públicas de Comisiones Obreras de Aragón.

En sus fundamentos de Derecho, la resolución del Supremo señala que la oferta de empleo público del 2007 vulnera el artículo 23.2 de la Constitución Española. En este sentido, afirma que, "como sostiene la recurrente, el derecho de acceso al empleo público es un derecho fundamental de configuración legal". Asimismo, los magistrados citan el Estatuto Básico del Empleado Público, que en su primer apartado estipula que "las plazas vacantes desempeñadas por funcionarios interinos deberán incluirse en la oferta de empleo correspondiente al ejercicio en que se produce su nombramiento y, si no fuera posible, en la siguiente, salvo que se decida su amortización".

En efecto, la Sentencia del Tribunal Supremo hace eferencia detallada recuerda la literalidad del art.10 del Estatuto Básico del Empleado Público :

4. En el supuesto previsto en la letra a) del apartado 1 de este artículo- plazas vacantes cuando no sea posible su cobertura por funcionarios de carrera.-, las plazas vacantes desempeñadas por funcionarios interinos- deberán incluirse en la oferta de empleo correspondiente al ejercicio en que se produce su nombramiento y, si no fuera posible, en la siguiente, salvo que se decida su amortización.

Por otra parte, hay que tener presente que el art.70 del Estatuto Básico del Empleado Público establece la oferta de empleo en cuanto a su desarrollo (convocatoria de las plazas) en términos imperativos:

1. Las necesidades de recursos humanos, con asignación presupuestaria, que deban proveerse mediante la incorporación de personal de nuevo ingreso serán objeto de la Oferta de empleo público, o a través de otro instrumento similar de gestión de la provisión de las necesidades de personal, lo que comportará la obligación de convocar los correspondientes procesos selectivos para las plazas comprometidas y hasta un diez por cien adicional, fijando el plazo máximo para la convocatoria de los mismos. En todo caso, la ejecución de la oferta de empleo público o instrumento similar deberá desarrollarse dentro del plazo improrrogable de tres años.

Asimismo, la sala cita la Ley de Ordenación de la Función Pública de la Comunidad Autónoma de Aragón, que establece que "las plazas ocupadas por interinos serán incluidas en la primera oferta de empleo público que se apruebe, salvo los casos de sustitución de funcionarios".

"La claridad de estos preceptos", concluye el Supremo, "no deja duda de la ilegalidad del acuerdo impugnado", pues "no hay mayor negación del derecho consagrado en el artículo 23.2 de la Constitución que la negación de los procesos públicos de selección legalmente establecidos".

Además, la sentencia afirma que tampoco cabe alegar motivos económicos y de autoorganización para no convocar las plazas de interinos, pues estas ya están presupuestadas y ocupadas por funcionarios con carácter provisional.

Por estos motivos, el Supremo desestima el recurso de casación interpuesto por la Federación de Servicios y Administraciones Públicas de CCOO de Aragón y admite, por el contrario, el de Apudepa.