Sindicato Médico Andaluz

La noticia también podría titularse, según lo visto en otros medios.. "paralizada la agencia de colocación del PSOE en Andalucía". La séptima y última sentencia también es desfavorable a la Junta de Andalucía en su empecinamiento contra los funcionarios públicos por recolocar los excedentes del pesebre socialista en agencias públicas que le garantice la "sopa boba" el resto de su vida y de paso que proveer al partido de fieles infiltrados en la Administración Autonómica, por si hiciesen falta en un futuro; eso si no faltos de confianza hasta para el partido, pues su preparación debe de dejar bastante que desear, como refleja que después de la multitud de oportunidades dadas, no han podido demostrar su valía al no aprobar una oposición, a la que dicho sea de paso, seguramente no concurrieron en la misma igualdad que el resto de los aspirantes, por lo que ahora la política trata de meterlos en la administración pública habilitando la puerta de atrás. En este caso, el último, un juzgado de los contenciosos de Sevilla ha anulado el protocolo de la última de las agencias recurridas, la Agapa. En total, los tribunales han paralizado ya la integración de más de 7.800 laborales que la Junta pretendía convertir en funcionarios.

Los empleados públicos de la Junta de Andalucía han conseguido paralizar judicialmente, de forma provisional, la integración de todos los trabajadores laborales en las nuevas agencias creadas al amparo de la polémica ley de reordenación del sector público andaluz, conocida como 'decretazo' o ley del 'enchufismo', que precisamente hace un año en estos días, que el PSOE convalidó en el Parlamento Andaluz.

El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 3 de Sevilla ha sido el último en pronunciarse sobre también la última de las siete agencias recurridas. Con fecha 12 de diciembre, la juez Josefa Nieto Romero ha anulado el protocolo de integración por el que se permitía a 1.852 empleados laborales desarrollar funciones de empleados públicos en la Agencia de Gestión Agraria y Pesquera de Andalucía (Agapa).

Con el nuevo fallo judicial, se ha paralizado la integración de más de 7.842 'enchufados' en los nuevos organismos del Gobierno andaluz, cifra a la que habría que sumarle el número de trabajadores externos que han sido integrados en la Agencia de Dependencia y Servicios Sociales y que la Justicia también ha anulado. La Junta no ha ofrecido el dato.

Las agencias afectadas por la paralización bien de los decretos o de los protocolos de las agencias son siete: La Agencia de Medio Ambiente y Agua (Amaya); la de Instituciones Culturales; la del Servicio Andaluz de Empleo (SAE); la de Dependencia y Servicios Sociales; la de Obra Pública; la Agencia del Conocimiento y, la última, la Agencia de Gestión Agraria y Pesquera de Andalucía (Agapa). En todos los casos, a excepción de la Agencia del Conocimiento, la Justicia se ha pronunciado por la vía especial de derechos fundamentales.

Cabe destacar que la Junta de Andalucía creó una agencia más, la Pública Empresarial Sanitaria Costa del Sol, pero ésta no cuenta con protocolo de integración por lo que los empleados públicos no la recurrieron ante los tribunales.

Para anular el protocolo de integración de la Agencia de Gestión Agraria, la magistrada ha tenido en cuenta los fallos previos. En el suyo, argumenta que se puede estimar que la integración de los 'enchufados' "pudiera violar derechos fundamentales consagrados en el artículo 14 y 23.2 de la Constitución Española", pues podría producirse una "efectiva incorporación de trabajadores que prestaban servicios en una empresa pública, se integren como empleados públicos sin respetar los principales de igualdad, mérito y capacidad". Contra este auto, cabe interponer recurso de apelación ante el propio juzgado.

El presidente de la Plataforma de Empleados Públicos de Andalucía, José María Herrera, ha asegurado a ElMundo.Es que todos se sienten "contentísimos porque la Justicia nos ha dado la razón". Aunque por otro lado aclara que actualmente, seguirle el hilo a todos los recursos contra el sector público es un verdadero esfuerzo denodado.

"Estamos eufóricos porque la lucha que llevamos después de este año largo está dando sus frutos", agrega. No obstante, paralizar de forma cautelar la integración de todos los laborales en las siete agencias recurridas sólo es un paso. Ahora falta que los juzgados dicten sentencias definitivas, aunque Herrera dice estar "seguro de que serán favorables porque ya se ha creado un precedente". Mientras, un grupo de funcionarios decidió festejar esta última victoria judicial en los jardines de la Victoria, donde han vuelto a colocar la pancarta de protesta que este verano ha recorrido el cielo de las costas andaluzas.

Hasta el momento, explica también el portavoz de las entidades que han presentado los recursos, José María Herrera, la Junta "se ha saltado a la torera" los mandamientos de paralización expresados por los tribunales de forma que sus abogados reclamarán en los tribunales una orden expresa al Gobierno andaluz para que cese en su actual gestión.

En este mismo sentido, el Sindicato Andaluz de Funcionarios de la Junta de Andalucía (Safja), coaligado con SMA en las pasadas elecciones sindicales, también considera que la Junta de Andalucía "debe ejecutar todas las sentencias emitidas contra la Ley de Reordenación del sector público", para así "evitar un limbo laboral y jurídico para estos trabajadores de estas agencias, a los que la Junta les ha provocado un grave problema".

Fuentes de Safja lamentan que la Junta "quiere darle la vuelta a la tortilla y eludir la ejecución de las sentencias, pero deben ejecutarles, aunque creemos que no saben cómo hacerlo; están esperando a ver si cae la solución del cielo y pueden ver una salida".

Safja, que asegura que no le consta que se haya ejecutado ninguna sentencia, ha explicado que actualmente "hay cierto personal integrado pero que ha sido separado de ciertas funciones", tras lo que ha recordado que la Junta "se ampara en el derecho a subrogarse ese personal, pero debe cumplir el Estatuto de los Trabajadores y para cumplir la sentencia no deben estar integrados esos trabajadores en la Junta".

   En este alid, el sindicato se muestra "esperanzado" de que se cumplan las sentencias, puesto que "las sentencias están para cumplirse, no para darles la vuelta", según su particular opinión.

Fuentes: Diario El Mundo y Europa Press

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