Sindicato Médico Andaluz

Un estudio de Semfyc concluye que los visados están generando desigualdades en el acceso a los medicamentos en las autonomías, principalmente por los retrasos que genera este trámite en las comunidades que no tienen todavía receta electrónica. Los visados, que la sociedad de primaria califica de burocráticos, afectan al 3 por ciento de las recetas. Los tribunales han avalado su uso con carácter económico, pero su utilización no ha crecido en el último año, desplazado por otras fórmulas de control como la dispensación en hospitales.

"El médico de familia está perfectamente habilitado y capacitado para prescribir sin supervisión y consideramos que el visado genera desigualdades entre los ciudadanos en función de la comunidad donde resida". Con estas palabras presentó Domingo Orozco, vicepresidente de Semfyc, hace tan sólo unos días las conclusiones de un estudio sobre los visados de medicamentos en las diferentes autonomías, elaborado por la sociedad de primaria a partir de encuestas a responsables de las distintas comunidades y profesionales del primer nivel asistencial.

Las desigualdades de las que habla Orozco hacen referencia no sólo a las diferencias en el número de medicamentos para los que se exige visado de inspección en las distintas autonomías, sino también a los trámites para la obtención de ese visado. Los datos del informe muestran que en autonomías como Madrid, Castilla y León, La Rioja, País Vasco, Navarra y Murcia, donde el visado se obtiene todavía en soporte papel, los pacientes acceden a la medicación con 15 días de retraso, frente a los apenas dos días de retraso que implica para los pacientes extremeños, castellanomanchegos, andaluces, gallegos, aragoneses o catalanes, donde se obtiene el visado por vía telemática.

Estas trabas, que Orozco califica de burocráticas, hacen pensar al directivo de Semfyc en "un visado de carácter más económico que de seguridad para el paciente".

La convulsa historia de los visados de inspección, que surgieron en los años 70 en buena medida como consecuencia de la crisis de seguridad que provocaron los efectos adversos de la talidomida, se ha saldado en los tribunales con el derecho de las administraciones públicas a establecer el control de inspección con carácter económico y no sólo por razones de seguridad.