Categoría: Actualidad Andalucía

Nuestra sanidad pública fue diseñada por políticos que nunca nos tuvieron respeto, que nos culparon de todos los males del sistema y cuya máxima aspiración siempre fue devaluar nuestro papel, menospreciar nuestras funciones, hacernos prescindibles, hacernos sumisos. Pero esto se ha terminado.
El SMA insiste en la necesidad de abrir un ámbito propio de negociación y reclama una regulación específica de la profesión que el Ministerio de Sanidad, dirigido por Mónica García, no puede seguir negando e ignorando.
El Comité de Huelga se reafirma en su disposición al diálogo y en su firme voluntad de continuar las jornadas de huelga y movilizaciones a menos que el ministerio acepte reiniciar la negociación y atender nuestras demandas.
El SMA defiende que esta protesta no busca perjudicar a la ciudadanía, sino evitar que el sistema siga deteriorándose por la falta de voluntad política para abordar sus problemas de fondo.
El SMA exige más seguridad en los centros sanitarios, especialmente en Atención Primaria y urgencias; personal de seguridad cualificado; un régimen sancionador para los agresores y también una actuación coordinada y efectiva entre administraciones que no deje solo al sanitario ante el agresor.
Los médicos y facultativos de Andalucía estamos convocados además a una gran manifestación en Sevilla el miércoles de la huelga, 18 de marzo, que se iniciará a las 11:30 frente al Palacio de San Telmo y terminará en la Delegación del Gobierno en Andalucía.
Las organizaciones sindicales siguen adelante con su calendario de reuniones con todos los grupos parlamentarios.
La Consejería puede empezar por crear de un espacio de negociación específico para nuestro colectivo, regular nuestra jornada laboral poniendo fin a la actual explotación laboral y mejorar las condiciones laborales y retributivas de médicos y facultativos.
Desde el Sindicato Médico Andaluz agradecemos a todos los compañeros y compañeras por su firmeza y compromiso con los derechos de nuestra profesión.
Un Estatuto Marco que no garantiza la estabilidad, dignidad y seguridad jurídica de los profesionales compromete la capacidad del sistema para retener talento y ofrecer una atención sanitaria segura y adecuada.

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