El pasado martes, 2 de abril, dos facultativas han vuelto a ser víctimas de insultos y amenazas mientras intentaban hacer su trabajo. Los hechos han ocurrido en el Hospital Regional de Málaga y las víctimas han sido dos neurocirujanas, agredidas verbalmente por los familiares de un paciente mientras intentaban atenderlo. Avisada la Policía Nacional, los agentes solo pudieron hacer que los familiares salieran del centro, pues el hecho de que este tipo de agresión no se considere delito limita su capacidad de actuación.

Esta nueva agresión sucede dos días después de que en el municipio sevillano de Aznalcóllar varios vecinos quemasen la figura de una médica e hiciesen estallar un petardo en la cabeza de otra que representaba a una administrativa. Al día siguiente, el alcalde de la localidad restaba importancia a esta acción tildándola de “parodia” hecha “sin maldad” y dirigida al sistema sanitario “en general”.

El incremento incesante de las agresiones a los trabajadores de la sanidad resulta aún más preocupante ante la pasividad de las instituciones. Las amenazas e insultos no son considerados delitos y quedan sin sanción, a pesar de que alteran notablemente el funcionamiento de los centros y pueden dañar a los profesionales agredidos más que una agresión física. Las bajas por esta causa ni siquiera son consideradas accidente laboral.

La labor encomiable de la Policía Nacional y la Guardia Civil en defensa de los profesionales, que nunca nos cansaremos de reconocer, se ve limitada por la tibieza de la legislación y la práctica ausencia de sanciones en el ámbito administrativo. El derecho a la salud del agresor se hace prevalecer sobre el derecho a la integridad física y psíquica de los trabajadores hasta el extremo absurdo de que con frecuencia el profesional se ve expuesto una y otra vez a las amenazas del mismo agresor reincidente, que actúa en un ambiente de total impunidad.

Hace solo unos días hemos conocido los datos de agresiones al personal de los centros sanitarios en 2023. Como temíamos, ya hemos superado las cifras de 2019, tras un periodo de disminución a causa de la reducción de las consultas presenciales como consecuencia de la pandemia. En 2023 se produjeron 1564 agresiones, frente a las 1507 de 2019. De ellas, 287 (18,4%) han sido físicas.

Las agresiones son sufridas en su mayoría por mujeres y llevadas a cabo por hombres. Los centros sanitarios se están convirtiendo en un lugar manifiestamente inseguro para las trabajadoras. Este fuerte componente de género en las agresiones a trabajadores sanitarios no puede seguir siendo ignorado por las autoridades, que siguen sin implementar medidas tan necesarias como controles efectivos en la entrada a los centros sanitarios. Es alarmante, por ejemplo, que pacientes o familiares puedan acceder a ellos portando armas blancas.

La falta de recursos, la presión asistencial, el cuestionamiento de toda forma de autoridad, la ausencia de medidas preventivas y la tibieza a la hora de castigar a los agresores crean un escenario de grave inseguridad para los profesionales, en especial si son mujeres. Por eso resulta tan desesperante como indignante la inacción de la Junta de Andalucía en esta materia.

Por todo ello, desde el Sindicato Médico Andaluz volvemos a solicitar encarecidamente a la Junta, al SAS, al Parlamento, a los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad y a los Jueces y Tribunales que lleven a cabo las acciones legislativas, administrativas y judiciales necesarias para poner fin a esta lacra.

Comité Ejecutivo del SMA