Los sindicatos reclaman respuestas a los partidos sobre el recorte de la paga extra que afecta a 2,9 millones de empleados público
Las organizaciones recuerdan que la reducción de las pagas extraordinarias, aplicada en 2010 como medida excepcional durante la crisis económica, se mantiene dieciséis años después y afecta a unos 2,9 millones de empleados públicos.
La Confederación Española de Sindicatos Médicos (CESM), el Sindicato Médico Andaluz (SMA), el Sindicato Médico de Euskadi (SME), la Federación de Cuerpos Superiores de la Administración (FEDECA), el sindicato de funcionarios de prisiones Tu Abandono Me Puede Matar (TAMPM), la Unión sindical de Inspectores de Educación (USIE), el Sindicato Independiente ANPE y el Sindicato Unificado de Policía (SUP) han remitido una segunda carta a las formaciones políticas que concurren a las elecciones del próximo 29 de noviembre para reclamarles un posicionamiento expreso sobre la recuperación íntegra de las pagas extraordinarias recortadas desde 2010.
La nueva comunicación se produce después de que sólo Junts per Catalunya haya respondido a la primera misiva, enviada el 21 de octubre. La formación ha mostrado disposición a estudiar la medida, pero sin asumir un compromiso definido, según las organizaciones firmantes. Ante el inicio de la campaña electoral, que comienza el 13 de noviembre, los sindicatos instan a las formaciones a aclarar públicamente su postura.
Las organizaciones recuerdan que la reducción de las pagas extraordinarias, aplicada en 2010 como medida excepcional durante la crisis económica, se mantiene dieciséis años después y afecta a unos 2,9 millones de empleados públicos. Sostienen que no solicitan una mejora salarial ni un privilegio, sino la restitución de una parte de sus retribuciones, cuya pérdida se ha acumulado con el paso de los años y se ha visto agravada por la inflación.
Las cifras difundidas por las propias organizaciones permiten dimensionar ese impacto. FEDECA estimó en julio que el recorte de la paga extraordinaria se situaba entre 550 y 1.750 euros para los funcionarios a los que representa, dependiendo de la antigüedad. CESM calculó que un facultativo acumulaba 20.352,14 euros de pérdida por sueldo y trienios desde 2010 hasta junio de 2026. Por su parte, TAMPM estimó en unos 6.000 euros las cantidades dejadas de percibir por funcionarios de prisiones durante estos años, mientras que USIE situó en torno a 15.000 euros el recorte para inspectores de Educación, con diferencias entre comunidades autónomas.
Por todo ello, CESM, SMA, SME, FEDECA, TAMPM, ANPE, USIE y SUP solicitan una respuesta a los partidos políticos antes del próximo 20 de noviembre sobre la inclusión o no de esta reivindicación en sus programas electorales. Si su posición es favorable, reclaman también que se concreten las medidas y el calendario para hacer efectiva la recuperación íntegra de las pagas extraordinarias durante la próxima legislatura, de modo que profesionales y electores puedan conocer el compromiso de cada formación antes de votar.