Un informe de la Inspección de Trabajo sobre el Hospital de Poniente de Almería , dependiente de la Junta, alerta de graves riesgos y condiciones penosas.

La Inspección exige soluciones para evitar riesgos a los fetos y las mujeres.

Las doctoras embarazadas de la Empresa Pública Hospital de Poniente -que engloba los centros de El Ejido, El Toyo, Guadix y Loja-, dependiente de la Junta de Andalucía, hacen guardias de 24 horas, con noches incluidas, sin pausas y en servicios donde están sometidas a riesgos a radiaciones y contagios, según recoge, entre otras muchas irregularidades y graves deficiencias, un exhaustivo informe realizado por la Inspección de Trabajo en Almería.

La inspectora que firma el documento, fechado el pasado 9 de diciembre, llega a hablar de condiciones penosas, sobre todo en lo que se refiere al trabajo nocturno, en turnos de 17 a 24 horas que realizan normalmente las embarazadas, como ella misma pudo atestiguar en su visita a los hospitales de El Ejido y El Toyo, ambos en Almería -aunque la situación es igual en Guadix y Loja-, donde comprobó que ni siquiera existe «un sistema de descansos -ni lugar adecuado para ello- previsto para las gestantes, ni un sistema de turnos más flexible» por su situación.

Especialmente grave es la constatación de la presencia de «trabajadoras embarazadas en los años 2014 y 2015 en servicios considerados como de alto riesgo biológico», por la posible transmisión de enfermedades por vía respiratoria o hematógena, como ocurre en los bloques quirúrgicos, urgencias, Unidad de Cuidados Intensivos (UCI), pediatría, medicina interna o áreas médico-quirúrgicas.

La inspectora señala que aun tratándose de servicios de mayor riesgo, el informe de adaptación al puesto que se entrega a cada embarazada del centro «es genérico y prácticamente idéntico en todos los casos, no realizándose estudios individualizados atendiendo al puesto de trabajo en concreto y a las funciones específicas de la trabajadora en el servicio». El informe recoge pautas y actuaciones para evitar riesgos, si bien al final se convierte en ‘papel mojado’, porque en muchos casos sus recomendaciones son imposibles de seguir. Por ejemplo, dice que la jornada laboral no debe superar las ocho horas, pero en cambio se establecen guardias de 24 horas seguidas.

Pero lo más llamativo, en cuanto a los riesgos biológicos a los que están sometidos las gestantes, es, para los inspectores, el hecho de que «en ningún caso se tiene en cuenta que la parotiditis, el citomegalovirus, el parvovirus B19 y el mycobacterium tuberculosis no tienen inmunización posible, pese a lo cual ni en la Evaluación de Riesgos del centro ni el informe de adaptación al puesto de trabajo que se entrega a las embarazadas hacen referencia a ningún tipo de medida preventiva u organizativa al respecto».

La Evaluación de Riesgos de la empresa sí contempla, extrañamente, que las embarazadas trabajen en servicios en los que puedan estar sometidas a radiaciones ionizantes -radiologías, mamografías o escáner- al considerar que el riesgo es «muy bajo», a pesar de que la Ley -Decreto que aprueba el Reglamento de Servicios de Prevención- dice claramente que «no podrá haber riesgo de exposición a radiaciones ionizantes».

El contundente y asolador informe apunta a graves deficiencias, carencias e irregularidades en la Evaluación de Riesgos de la empresa pública, hasta el punto de que ni siquiera cuenta con un listado de puestos de trabajo exentos de riesgos para la maternidad, como obliga la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. De ahí a que la Inspección haya dado un plazo a la Empresa Pública para subsanar todas estas deficiencias e irregularidades detectadas. En algunos casos el plazo es inmediato, como la obligación de evaluar individualmente a cada mujer embarazada por los riesgos graves que puede suponer no hacerlo, y en otros de uno y tres meses, con lo que el centro deberá poner solución a la penosa situación que sufren las mujeres.

Una situación que las aboca, en la mayoría de los casos, a darse de baja por enfermedad, con la pérdida de derechos laborales y salario -se reduce a la mitad con la última reforma laboral- puesto que el hospital tiene, también extrañamente, por norma no conceder la suspensión por riesgo en el trabajo, un sistema de protección a la mujer que contempla la normativa legal española, por el que las embarazadas dejan de trabajar ante la imposibilidad de eliminar sus riesgos por embarazo, pero siguen percibiendo el salario íntegro a través de la Seguridad Social, algo que también han validado los tribunales.

Pero la Empresa Pública tiene establecido, como ha puesto de manifiesto a este diario la parlamentaria andaluza del PP Rosalía Espinosa, no conceder este derecho, con lo que, además, no solo hace que las mujeres puedan seguir expuestas a riesgos, sino que se produce un agravio comparativo respecto a las embarazadas del Servicio Andaluz de Salud, e incluso de otras empresas públicas, que sí conceden habitualmente esta suspensión.

«Yo tengo tres hijos y en los tres casos he acabado de baja por enfermedad, porque el hospital no accedió a darme la suspensión», dice una doctora que trabaja en El Toyo, que también informa de que en la actualidad, efectivamente, hay embarazadas que hacen exactamente los mismos turnos y guardias que el resto de médicos, sin pausas y durante las noches.

‘Curiosamente’, después de que los hospitales fueran visitados por la Inspección, la empresa pública ya ha concedido la suspensión del trabajo por riesgos durante su embarazo a una embarazada. «Al margen del gravísimo riesgo al que están sometidas las doctoras, lo más lamentable de esta situación es que se produce en una Administración que tiene por bandera la defensa de la mujer y sus derechos», dice Rosalía Espinosa, quien ya ha pedido al consejero de Salud, Aquilino Alonso, que dé explicaciones públicas sobre estas situaciones y que diga, por ejemplo, por qué en los cuatro centros de la empresa no se adapta el puesto de trabajo a las embarazadas.

«Además, hay especialidades, como la UCI, Urgencias o Pediatría, donde no se puede adaptar el puesto de trabajo, ¿cómo dejar de atender a un niño con fiebre, por ejemplo?, por lo que debería concederse automáticamente la suspensión por riesgos del embarazo, algo que el hospital no hace sistemáticamente», explica un médico.

La inspección de la Empresa Pública se llevó a cabo como consecuencia de una denuncia presentada por el Sindicato Médico, después de muchos años en los que los responsables del centro han eludido poner solución a estos graves problemas.

Fuente: Sindicato Médico y El Mundo