Durante los últimos dos meses y medio, la batalla contra la Covid-19 ha tenido su escenario en los hospitales, y su primera línea, en las unidades de cuidados intensivos. Una vez aliviado este frente, en plena desescalada, la lucha se traslada ahora en buena medida a los centros de atención primaria. En ellos se efectuarán los tests PCR, así como el seguimiento de los nuevos positivos. Si antes se concentraron esfuerzos para salvar a los enfermos graves, ahora habrá que aplicarse en la detección precoz de nuevos contagios, así como en el rastreo de sus procedencias y, en general, en las medidas no ya de carácter paliativo, sino de tipo preventivo.

Obviamente, esta sobrecarga de trabajo en los centros de atención primaria requiere un aumento de sus dotaciones, tanto materiales como de personal. Las primeras parecen en curso, pero las segundas topan con un problema estructural: faltan profesionales. Los sindicatos cifran este déficit en 900 médicos y lo achacan, en última instancia, a los recortes sufridos por la sanidad pública y a la progresiva precarización de la profesión médica, que ha abocado a muchos a la emigración. Según datos del Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos, cerca de 9.000 doctores españoles emigraron entre el 2016 y el 2019, principalmente hacia países como el Reino Unido, Francia e Irlanda, donde las retribuciones son superiores. Tanto los médicos de atención primaria como los especialistas cobran en Alemania y el Reino Unido el doble que en España.

Tradicionalmente, la capacitación y la entrega de los médicos españoles han sido altas. Su consideración social y su nivel de vida, sin embargo, han decaído. Esto es evidente, como apuntábamos, en el capítulo de retribuciones, y se acusa más aún en ciertas franjas generacionales. En Catalunya la edad media de los facultativos es relativamente elevada –55 años los hombres, 46 las mujeres–, pero los profesionales más jóvenes tienen por regla general sueldos bajos. Tanto es así que, según datos del 2017, el 29% de los médicos compaginan dos empleos para redondear sus ingresos, y el 18%, tres o más. El 37% de los profesionales tienen en España contratos interinos o temporales o bien son autónomos, etcétera. El 63% restante son funcionarios o tienen contratos indefinidos.

La crisis del coronavirus ha comportado, además, un sobreesfuerzo notable para este colectivo. Por una parte, se ha visto abocado a jornadas laborales extenuantes. Por otra, el personal médico, de enfermería y auxiliar ha trabajado muy expuesto a la enfermedad, a menudo sin protección adecuada, como lo prueba que el 20% de los contagiados españoles sean sanitarios.

Todas estas pinceladas componen un retrato de la precarización sufrida por los médicos, agravada por los recortes derivados de la crisis financiera del 2008. En toda circunstancia este debería ser un motivo de reflexión. En la presente, cuando afrontamos la desescalada pero seguimos en la incertidumbre asociada a la pandemia, debería serlo más aún.

Los sindicatos gremiales reclaman –con razón– al Ministerio de Sanidad un plan integral de reordenación del sector y también una buena planificación de la carga de trabajo que ahora se traslada a la atención primaria. No puede ser que, habitualmente, los médicos de ambulatorio visiten hasta a 60 pacientes diarios, a los que pueden dedicar cinco minutos a lo sumo. No puede ser que, a falta de nuevos facultativos, la solución para los CAP sean las horas extras… Hemos aplaudido durante semanas, desde los balcones, la labor de los médicos y de todo el personal sanitario. No estaría de más que la administración pública les recompensara ahora mejorando sus condiciones de trabajo. Hay margen para esa mejora: el gasto sanitario público y privado en España supone el 8,9% del PIB, dos puntos por debajo del de Francia, Alemania o Suecia.

Fuente: La Vanguardia