En noviembre de 2025, durante la constitución del Observatorio de Agresiones, la Consejería anunció cambios normativos y la aprobación parlamentaria de un régimen sancionador frente a quienes agreden a profesionales del Sistema Sanitario Público de Andalucía. El 25 de septiembre de 2026, en las IX Jornadas de Prevención de Riesgos Laborales del SAS, volvió a comprometer una norma integral antes de finalizar el año. Para el Sindicato Médico Andaluz, esta es una segunda oportunidad para cumplir: hacen falta un texto, un calendario público, participación profesional efectiva y aprobación parlamentaria.

Participación provincial efectiva. Celebramos que el Presidente del Observatorio de Agresiones y Vicepresidente primero de la Junta haya impulsado los grupos territoriales provinciales. Tras la insistencia del Sindicato Médico Andaluz, esta medida corrige la anomalía que impedía a la representación legal de las personas trabajadoras y a los delegados de prevención participar, vigilar y supervisar de forma efectiva la prevención y atención frente a las agresiones.

Las agresiones no son incidentes inevitables ni un riesgo inherente al trabajo. Atacan la dignidad, la integridad y la seguridad de quienes sostienen la asistencia sanitaria y dañan el funcionamiento de un servicio público esencial.

Actuación de oficio ante hechos graves. Cuando existan lesiones psicofísicas relevantes, incapacidad temporal de la víctima, intimidación grave, amenazas, reiteración, persecución, daños de especial entidad u otros indicios de delito, la respuesta no puede recaer exclusivamente sobre la víctima. Reclamamos un protocolo vinculante para que la Consejería, mediante sus órganos y servicios jurídicos, comunique de oficio los hechos al Ministerio Fiscal, al juzgado de guardia o a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, aporte la documentación disponible y acompañe a la persona agredida durante todo el proceso.

Las direcciones gerencias deberán atender las actuaciones de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad cuando acrediten administrativamente que una agresión ha interrumpido o alterado de forma relevante el servicio público sanitario esencial. Acreditados los hechos y su repercusión asistencial, deberán denunciarlos ante la Fiscalía y aportar la documentación y los antecedentes disponibles.

Una mirada específica para las profesionales. Las médicas y otras trabajadoras sufren también insultos sexistas, cuestionamiento de su autoridad, comentarios degradantes, acoso sexual o por razón de sexo, amenazas de contenido sexual y hostigamiento digital con componente de género. Estas conductas deben reconocerse, medirse y recibir una respuesta específica.

Cuidar a quienes velan por tu salud es una obligación pública. No pedimos privilegios, sino seguridad, respaldo institucional y el cumplimiento efectivo del deber de protección por parte de la Consejería de Sanidad. El Sindicato Médico Andaluz exige que esta segunda oportunidad no termine en otra promesa aplazada: presentación inmediata del texto, calendario público, participación real de las organizaciones sindicales y una norma con recursos, plazos y evaluación. Ha llegado el momento de pasar de los anuncios a la acción: agredir a quien te cura debe tener consecuencias.

SMA