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Teníamos razón: El informe de la Cámara de Cuentas andaluza.

Recientemente la Cámara de Cuentas de Andalucía ha publicado un informe sobre la gestión de los recursos humanos en el SSPA durante los años 2011-2013, que viene a dar la razón a nuestras quejas y demuestra las irregularidades de la Consejería de Salud.

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Colectivos:

En el siguiente enlace podéis revisar el documento completo emitido por la Cámara de Cuentas. Pero si no queréis revisar las más de 100 páginas de dicho informe, aquí van algunas de las conclusiones que más nos han llamado la atención:

    En el SAS, entre los ejercicios 2011 y 2013, se ha producido una disminución total del número de efectivos netos de 7.773,44 empleados. La plantilla disminuyó muy por encima de lo que se justificaría por el aumento de jornada a 37 horas y media.

    En ese mismo período aumentaron sin embargo más de un 4% los cargos intermedios.

     El porcentaje de eventualidad ha sido altísimo. Especialmente en el grupo denominado “eventuales por acúmulo de tareas” que llegaron a crecer hasta un 800%.

     Tanto en el SAS como en las Agencias Públicas Empresariales la plantilla real supera a la presupuestaria.

    Se ha abusado de la contratación temporal incumpliendo la ley de presupuesto.

   El gasto de personal se ha reducido considerablemente en estos años.

    Se han unificado equipos de dirección sin que la gerencia del SAS ostentará la competencia para ello, y se ha hecho de forma inadecuada y poco transparente.

  La figura del directivo está mal definida y el registro de candidatos puede suponer un obstáculo a los principios de publicidad y concurrencia y no discriminación.

    Las Agencias Públicas empresariales continúan sin modificar sus estatutos para precisar el personal de Alta Dirección y eso es una exigencia de la Ley del Presupuesto.

     Tanto en el SAS como las Agencias Públicas se sigue poniendo en práctica el encadenamiento de contratos en los eventuales en un claro fraude de ley.

   Existe una diferencia de más de 2 millones de euros en retribuciones si se comparan las aplicaciones de nóminas y los datos de la Agencia Tributaria.

      En el caso de las agencias públicas se han incluido las figuras de los “acuerdos de gestión” obviando los trámites previstos en la Ley de presupuesto.

      Existen excesos en los límites retributivos establecidos por la normativa presupuestaria que no han sido suficientemente aclarados por la Consejería de Salud.

       La Inspección de Trabajo ha tenido que incoar varias actas al SAS por diferencias de cotización en todas las provincias andaluzas.

    Los órganos de control interno en cuanto a la gestión de recursos humanos no han tenido suficiente control sobre las situaciones administrativas, la contratación, las retribuciones y los gastos de Seguridad Social.

Todas estas conclusiones que este organismo, dependiente del Parlamento Andaluz, extrae de su estudio no vienen sino a darnos la razón en tantas y tantas quejas y reivindicaciones que desde hace años venimos formulando.

El SMA ha denunciado reiteradas veces la opacidad en la gestíon y en la contratación; hemos afirmado que la reducción de personal no se justificaba por el aumento de jornada semanal, hemos manifestado nuestra grave preocupación por la escasa inversión en personal sanitario (muy por debajo de otras comunidades), nos hemos posicionado en contra del abuso de las adscripciones temporales y hemos solicitado y un redimensionamiento de plantilla más ajustado a las necesidades reales, hemos recuurido a la justicia para luchar contra lo que considerábamos un fraude de Ley en las contrataciones temporales, nos hemos opuesto al injustificable aumento de cargos intermedios así como a la hipócrita política de unificar cargos directivos que lejos de servir para ahorrar no era más que una treta para iniciar fusiones hospitalarias inadmisibles, etc. Y por encima de todo esto hemos presionado al SAS para que modificara una política de personal alejada de los derechos y legítimos intereses de los profesionales, basada en la política de «ahorro a toda costa» y que ha generado una importante pérdida de calidad en la asistencia saniraia de nuestra comunidad.

Celebramos este informe por tanto que viene a darnos la razón e instamos a la Consejería a que modifique su gestión de la Sanidad Pública Andaluza en general y de los recursos humanos en particular. Ya no le quedan argumentos, los juzgados primero y la propia Cámara de Cuentas después, avalan nuestros posicionamientos.

Anunciamos, por último, que seguiremos luchando por que se normalice la gestión y se respete la normativa. Acudiremos a los grupos parlamentarios a pedirles apoyo en estas cuestiones, mantendremos nuestra denuncia sistemática de las irregularidades ante la justicia y convocaremos cuantas acciones sociales sean necesarias.

Y si en algún momento tienen la verdadera intención de dialogar, de retomar el camino del consenso y la colaboración, nostros estaremos ahí dispuestos a contribuir con nuestro esfuerzo y responsabilidad a la constrcucción de una gestión sanitaria más justa y eficiente. no demoremos esto hasta que la Cámara de Cuentas Andauza emita un nuevo informe dentro de 10 o 12 años. Hay daños que llegan a ser irreparables.