La jubilación del médico en 2026 vuelve a poner de manifiesto una realidad que el Sindicato Médico Andaluz viene denunciando desde hace años: la profesión médica y facultativa soporta una carrera profesional especialmente larga, exigente y sometida a unas condiciones de trabajo que no tienen un reconocimiento suficiente ni durante la vida laboral ni en el momento de acceder a la jubilación.

El Centro de Estudios SIMEG ‘Vicente Matas’ ha elaborado dos informes sobre jubilación que evidencian que los médicos y facultativos se enfrentan a una importante pérdida de poder adquisitivo al jubilarse, especialmente aquellos que han realizado guardias durante décadas. En muchos casos, la pérdida respecto al salario en activo supera el 35% y puede situarse por encima del 50% cuando el profesional continúa realizando atención continuada.

En 2026, para acceder a la jubilación ordinaria a los 65 años es necesario acreditar 38 años y tres meses o más cotizados. En caso contrario, la edad ordinaria se eleva a los 66 años y diez meses. Además, se exige un mínimo de 15 años cotizados, de los cuales dos deben estar comprendidos dentro de los 15 años anteriores a la jubilación. A partir de 2027, los requisitos serán aún más exigentes: 38 años y seis meses cotizados para jubilarse a los 65 años o, en caso contrario, acceso a los 67.

El problema no es sólo cuándo puede jubilarse un médico, sino cuánto pierde al hacerlo. Aunque la mayoría de los facultativos cotizan por la base máxima, fijada en 2026 en 5.101,20 euros mensuales en doce pagas, la pensión máxima queda limitada a 3.359,60 euros brutos mensuales en catorce pagas, es decir, 47.034,40 euros brutos anuales. La diferencia entre lo cotizado y lo que finalmente se puede percibir supera los 14.000 euros anuales.

Esta situación resulta especialmente injusta para un colectivo que, a lo largo de su vida profesional, realiza jornadas prolongadas, guardias de hasta 24 horas, actividad asistencial sometida a una enorme presión, responsabilidad clínica permanente y una carga emocional y física difícilmente comparable con la de otros sectores. Un médico que realiza guardias durante 30 años puede haber trabajado el equivalente a más de 40 años de jornada ordinaria, pero ese esfuerzo adicional no se reconoce adecuadamente a efectos de jubilación.

Desde el Sindicato Médico Andaluz consideramos imprescindible que el tiempo de guardia sea reconocido como tiempo efectivo de trabajo a todos los efectos, también en materia de jubilación. No es razonable que las guardias, que garantizan la atención continuada de la población y sostienen buena parte del funcionamiento del Sistema Nacional de Salud, no computen de forma justa en la vida laboral del médico. Tampoco es aceptable que estas retribuciones soporten una elevada carga fiscal y, en muchos casos, no generen derechos proporcionales de pensión.

A esta situación se suma la denominada “cotización solidaria”, ya en vigor, que grava los ingresos que superan la base máxima de cotización. En 2026, los tramos aplicables oscilan entre el 1,15%, el 1,25% y el 1,46%, con aportación de empresa y trabajador. Sin embargo, esta cotización adicional no genera nuevos derechos de pensión. En la práctica, se obliga a pagar más sin que ello se traduzca en una mejora real de la protección futura del profesional.

La jubilación demorada puede ser una vía para paliar parcialmente esta pérdida, pero no resuelve el problema de fondo. En 2026, el médico que retrase voluntariamente su jubilación puede optar por un complemento del 4% por cada año completo cotizado después de la edad ordinaria, una cantidad a tanto alzado o una fórmula mixta. Para un facultativo con pensión máxima, un año de demora puede suponer unos 134 euros brutos mensuales adicionales en catorce pagas, permitiendo superar la pensión máxima ordinaria. Sin embargo, el incentivo sigue siendo insuficiente si se compara con el esfuerzo que supone prolongar la vida laboral en un contexto de sobrecarga, falta de sustitutos, masificación y presión asistencial.

El propio informe sobre jubilación demorada recuerda que la Seguridad Social obtiene un claro beneficio cuando un médico retrasa su jubilación: deja de abonar más de 47.000 euros anuales de pensión y continúa ingresando cotizaciones. También se beneficia el sistema sanitario, que mantiene durante más tiempo a profesionales de enorme experiencia en especialidades donde ya existen graves problemas de cobertura. Sin embargo, el reconocimiento económico y profesional para el médico sigue siendo limitado.

La jubilación activa mejorada para médicos de familia y pediatras de Atención Primaria, vigente hasta el 31 de diciembre de 2026, permite compatibilizar trabajo y el 75% de la pensión, a jornada completa o media jornada. Puede ser una medida útil en especialidades deficitarias, pero debe aplicarse con garantías, de forma voluntaria y sin convertirse en una excusa para no abordar el verdadero problema: la falta de planificación, la insuficiencia de plantillas y el deterioro de las condiciones laborales.

El Sindicato Médico Andaluz advierte de que las jubilaciones que se están produciendo y las que llegarán en los próximos años están provocando graves dificultades en hospitales, centros de salud y consultorios. Las plantillas médicas ya eran insuficientes antes de esta oleada de jubilaciones. Cuando las plazas no se cubren, la consecuencia directa es una mayor carga de trabajo para quienes permanecen en activo, más demora asistencial, más presión en Atención Primaria y más saturación en urgencias.

La solución no puede ser pedir más sacrificios a los mismos profesionales de siempre. Es necesario incrementar durante varios años el número de plazas MIR en las especialidades deficitarias, mejorar las condiciones de ejercicio profesional, ofrecer estabilidad, retribuciones adecuadas y medidas reales de fidelización para evitar que los jóvenes especialistas se marchen a otros países o a otros sectores con mejores expectativas.

Desde el Sindicato Médico Andaluz reclamamos que la medicina sea reconocida como una profesión de especial penosidad, responsabilidad y riesgo, con un factor corrector que permita una jubilación voluntaria y flexible entre los 60 y los 70 años, sin penalizaciones injustas. Esta reivindicación no supone ningún privilegio, sino el reconocimiento de una realidad objetiva: la carrera médica exige más años de formación, más responsabilidad, más presión asistencial y más jornada efectiva que la mayoría de profesiones.

Por todo ello, el SMA insiste en la necesidad de un Estatuto propio para el colectivo médico y facultativo que regule de forma específica las condiciones laborales, profesionales, retributivas y de jubilación de un colectivo esencial para el sostenimiento de la sanidad pública. La medicina pública necesita planificación, respeto y justicia. Y sus profesionales merecen terminar su carrera laboral con dignidad, reconocimiento y una pensión acorde con el esfuerzo realizado durante toda una vida al servicio de los pacientes.

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