El Centro de Estudios SIMEG ‘Vicente Matas’, ha publicado un nuevo informe en el que analiza el retraso de la jubilación en la profesión médica. En él se señala que, aunque existen incentivos para seguir trabajando más allá de la edad legal, estos resultan insuficientes frente a la pérdida de poder adquisitivo y el déficit de profesionales en la sanidad pública.

La diferencia entre el salario en activo y la pensión puede superar el 35%, y en el caso de quienes hacen guardias, la pérdida alcanza el 50%. Para paliar esto, la Seguridad Social ofrece, a partir del 1 de abril de 2025, un complemento para quienes decidan jubilarse más tarde. Ese complemento puede cobrarse de tres maneras:

• Un 4% más en la pensión por cada año de demora.
• Una cantidad a tanto alzado (entre 5.000 y 12.000 euros anuales).
• O una fórmula mixta que combine ambas.

El informe desaconseja el pago único: “Hacienda se lleva casi la mitad y a la larga es peor negocio”, advierte. La opción más sensata suele ser el incremento mensual, que con los años se revaloriza y garantiza más estabilidad económica.

Muchos facultativos/as, agotados por la presión asistencial y la falta de sustitutos, se preguntan “¿cuándo puedo jubilarme?” en lugar de plantearse seguir en activo. El día a día en los centros de salud y hospitales, con agendas de más de 40 o 50 pacientes diarios en Atención Primaria, está llevando al límite a los profesionales.

Aun así, el estudio reconoce que prolongar la vida laboral de forma voluntaria podría ser una ayuda en especialidades con déficit de profesionales, como Medicina de Familia y Pediatría. De hecho, existe una proposición no de ley para que estos profesionales puedan acogerse a la llamada “jubilación activa mejorada” hasta los 72 años.

La clave estaría en planificar el relevo generacional. El informe denuncia que en 2024 quedaron 246 plazas MIR de Medicina de Familia sin adjudicar, un reflejo de la falta de atractivo de la especialidad.

“Es hora de poner soluciones urgentes”, insiste el documento, que reclama más plazas de formación, mejores condiciones laborales y retribuciones dignas. Además, pide el Estatuto Propio de la Profesión Médica y Facultativa junto con el reconocimiento de la penosidad, la responsabilidad y la dureza de una profesión que sigue siendo esencial para la sociedad.

En definitiva, demorar la jubilación puede ser un alivio temporal para algunos/as, pero no resuelve el problema de fondo: la falta de médicos/as y la necesidad de que el sistema sanitario cuide también de quienes lo sostienen.