
El Sindicato Médico Andaluz recibe con preocupación las declaraciones de la Ministra de Sanidad al respecto de las negociaciones del Nuevo Estatuto Marco
El SMA reitera su determinación a no aceptar una normativa que basa el sostenimiento del sistema sanitario público en la renuncia de los derechos laborales de los facultativos
Desde el Sindicato Médico Andaluz (SMA) recibimos con preocupación las recientes declaraciones de la Ministra de Sanidad, Mónica García, sobre el supuesto buen curso de las negociaciones del nuevo Estatuto Marco.
Las propuestas presentadas por los negociadores del Ministerio de Sanidad ante el Comité de Huelga de SMA y CESM son claramente insuficientes, algo que nos obliga a mantener la convocatoria de la huelga médica para este viernes 13 de junio. Recordamos al Ministerio que dicha convocatoria no responde a desacuerdos menores, sino a la necesidad urgente de resolver cuestiones estructurales que afectan gravemente a los derechos laborales de todo el colectivo médico.
Según la Ministra de Sanidad, Mónica García, con su última propuesta, «se acaba con la precariedad» laboral de los médicos al incluir guardias de 17 horas en vez de 24 horas. Algo absolutamente fuera de la realidad puesto que en la práctica y basándonos en el texto presentado por el Ministerio de Sanidad, la jornada semanal máxima se fija en 45 horas semanales en promedio cuatrimestral, lo que sumado a la obligatoriedad de las guardias y a la forma de cálculo del tiempo de trabajo efectivo, da lugar a jornadas semanales de 60-70 horas de carácter obligatorio.
En el texto no existen garantías de los derechos más básicos de los facultativos para la conciliación familiar, el descanso, el conocimiento previo de su jornada o a las reducciones de jornada. Todos estos derechos laborales, comunes para todos los trabajadores españoles según el Estatuto de los Trabajadores, quedan supeditados a las necesidades asistenciales y a la capacidad de organización de la dirección de los centros.
El SMA reitera su determinación a no aceptar una normativa que basa el sostenimiento del sistema sanitario público en la renuncia de los derechos laborales de los facultativos. Instamos al Ministerio de Sanidad a presentar compromisos firmes, claros y concretos que permitan alcanzar un acuerdo que realmente garantice unas condiciones laborales justas para el colectivo médico.