La Consejería de Sanidad debe de asumir su responsabilidad por un Estatuto Propio
Los responsables autonómicos deben poner en marcha una estrategia nacional que acabe con el maltrato que sufre nuestro colectivo, en lugar de limitarse a escenificar un enfrentamiento partidista con el Gobierno de España.
El conflicto abierto en el colectivo médico y facultativo por un Estatuto propio no atañe en exclusiva al Ministerio de Sanidad. Aunque, en efecto, su detonante ha sido el Anteproyecto de Ley de Estatuto Marco (APLEM) de Mónica García, tanto las causas de nuestra movilización como su solución implican de lleno a los responsables autonómicos.
A nivel nacional, el poder legislativo corresponde al Parlamento, donde están representados todos los grupos políticos. También el Gobierno debe asumir en pleno su responsabilidad en la crisis. Sin la implicación de Hacienda, Trabajo o Función Pública no hay solución posible.
Pero uno de los papeles más determinantes en este conflicto corresponde a las Consejerías de Sanidad. No podemos olvidar que las competencias en materia sanitaria están transferidas a las autonomías. Aunque el Gobierno central no las obligue a ello, nada les impide poner fin a las guardias obligatorias, mejorar nuestras retribuciones, garantizar nuestro derecho al descanso y la conciliación o establecer con nuestro colectivo una negociación que aborde la mejora de nuestra situación. Si no hay avances en esta dirección, la conflictividad laboral acabará, más pronto que tarde, por trasladarse a Andalucía.
Por desgracia, durante décadas, los gobiernos andaluces de uno y otro signo político han avanzado justo en la dirección contraria. Aunque el actual Gobierno del Partido Popular mejoró la retribución de las guardias y puso fin a la discriminación de la exclusividad, hace años que solo parece preocuparse por otros colectivos profesionales. De hecho, en 2023, El SAS firmó un Pacto para la mejora de la Atención Primara dejando fuera al SMA y constituyó mesas para su seguimiento de las que fuimos excluidos. A pesar de sus promesas, tampoco el equipo actual ha iniciado hasta el momento un diálogo efectivo con el SMA.
Una de las causas fundamentales del malestar de nuestro colectivo es de naturaleza salarial. Las retribuciones de los médicos españoles, y de los andaluces en particular, están significativamente por debajo de la media europea. Esta es una responsabilidad casi exclusiva de la Consejería de Sanidad. De hecho, en Andalucía los médicos llegamos a cobrar menos que otras categorías profesionales con menor cualificación. Así, por ejemplo, en algunos centros se ofrece al personal de enfermería prolongar su jornada ordinaria cobrando 30 euros la hora en las denominadas “jornadas de accesibilidad”. Mientras tanto, en ese mismo centro habrá médicos de guardia cobrando, en horario nocturno, 27 euros la hora.
El consejero de Sanidad, Antonio Sanz, se ha declarado contrario al APLEM del Ministerio de Sanidad y ha criticado la actitud de la ministra Mónica García. Pero puede y debe ir más allá. Como miembros del Consejo Interterritorial de Sanidad, los responsables autonómicos deben poner en marcha una estrategia nacional que acabe con el maltrato que sufre nuestro colectivo, en lugar de limitarse a escenificar un enfrentamiento partidista con el Gobierno de España. A nivel autonómico, la Consejería de Sanidad debe abrir de manera inmediata un diálogo efectivo con nuestro colectivo dirigido a mejorar nuestra situación laboral.
Médicos y facultativos soportamos las peores condiciones de trabajo de la sanidad pública. Por citar solo algunos ejemplos, las guardias no son otra cosa que horas extra obligatorias pagadas por debajo de la hora ordinaria, no se garantiza nuestro derecho al descanso y a la conciliación y se nos puede desplazar de forma obligatoria para paliar la escasez de plantilla en los centros de difícil cobertura. No existe ningún otro colectivo del sector público que soporte semejante explotación y la Consejería tiene capacidad para ponerle fin, aunque el Ministerio se niegue a hacerlo.
La actual crisis de la sanidad pública es consecuencia de la situación insostenible que vive nuestro colectivo. Necesitamos de nuestros representantes políticos la valentía y la altura de miras necesarias para abordar el problema. No dudamos que los actuales posean estas virtudes. Ahora solo hace falta que las pongan en práctica.
SMA