La Consejería de Sanidad no puede seguir mirando hacia otro lado. El actual Gobierno de la Junta también es responsable de esta crisis y tiene en su mano contribuir a su solución. De lo contrario, la extensión del conflicto a nuestra comunidad autónoma será inevitable.

La histórica movilización de nuestro colectivo ha sido provocada por la presentación del Anteproyecto de Ley de Estatuto Marco (APLEM) del Ministerio de Sanidad. Sin embargo, sus causas son más antiguas y profundas. Durante décadas, gobiernos de distinto signo político, tanto a nivel central como autonómico, han basado la gestión de la sanidad pública en la devaluación de nuestras funciones, así como en el desprecio a nuestros derechos laborales y a nuestra cualificación y responsabilidad. La actual crisis de la sanidad pública es la crisis de este modelo de gestión.

En el terreno abigarrado y cínico de las manifestaciones públicas, el Ministerio defiende su APLEM mientras deslegitima nuestras demandas y nos tacha de privilegiados elitistas. Por su parte, los políticos nos utilizan en su enfrentamiento partidista y los Gobiernos autonómicos insisten en que el problema no va con ellos. Todos culpan a otros del conflicto. Sin embargo, todos son responsables de la situación actual.

La actual crisis de la sanidad pública es consecuencia de la devaluación deliberada de las funciones de médicos y facultativos. Por eso los intentos de mejorar sus resultados incrementando el presupuesto no funcionan. Las listas de espera en Andalucía son hoy las mayores de su historia, a pesar de que el presupuesto de Sanidad se ha incrementado en 6.000 millones de euros en los últimos años.

La degradación de las funciones de nuestro colectivo obedece a un plan preestablecido. Los gestores esperan rebajar por esta vía nuestras expectativas profesionales y retributivas, haciéndonos manejables y prescindibles. Privar a los médicos de capacidad de decisión también hace más fácil la instrumentalización de la sanidad con fines políticos. El precio que la sociedad ha pagado por esta estrategia ha sido la pérdida de eficiencia del sistema y la reducción de la calidad asistencial.

El único modo de construir un sistema sanitario eficiente y de calidad es basarlo en la cualificación, la responsabilidad y el liderazgo de médicos y facultativos. El actual modelo, burocrático y fuertemente politizado, ya no funciona. Médicos y pacientes se ven atrapados en laberintos de protocolos impersonales que diluyen la responsabilidad individual y resultan opacos incluso para los gestores. Los pacientes se convierten en números y los profesionales son intercambiables. Ninguno es más valioso que otro. Ninguno merece un trato especial o una retribución justa. La búsqueda de otros ámbitos laborales es la única salida.

El Gobierno de la Junta no puede mantenerse al margen del conflicto. Todos los partidos que han ocupado los gobiernos centrales y autonómicos en las últimas décadas son responsables de esta situación. Por otra parte, las competencias sanitarias están transferidas a las autonomías. Incluso cuando se apruebe un Estatuto propio para nuestro colectivo, los detalles de su aplicación recaerán en la Consejería de Sanidad.

El actual consejero de Sanidad, Antonio Sanz, ha apoyado públicamente nuestras reivindicaciones y ha instado a la ministra Mónica García a negociar con nuestro colectivo. Sin embargo, tiene en su mano avanzar en esa dirección, aunque la ministra no lo haga. La Consejería puede empezar por crear de un espacio de negociación específico para nuestro colectivo, regular nuestra jornada laboral poniendo fin a la actual explotación laboral y mejorar las condiciones laborales y retributivas de médicos y facultativos.

El Gobierno andaluz debe actuar con decisión y premura para contribuir a la solución de la actual crisis de la sanidad pública. De lo contrario, la movilización del colectivo se extenderá más pronto que tarde a Andalucía.