En su comparecencia tras la reunión del Consejo Interterritorial de Salud (CIS), la ministra Mónica García ha afirmado que “muchas de las reivindicaciones” de los sindicatos convocantes de la huelga, la CESM y el SMA, “ya están resueltas desde hace mucho tiempo” y que “otras se están resolviendo”.

La ministra ha declarado que el nuevo texto incluye un capítulo propio para los facultativos, elimina la obligación de “devolver” las horas del saliente de guardia y reduce los límites de la jornada semanal. Mónica García ha afirmado también que, aunque todas las movilizaciones son legítimas, “algunas demandas no lo son”, y ha puesto como ejemplo de reivindicación ilegítima “impedir que las enfermeras actualicen sus competencias en base a su formación”. En referencia a la jubilación, ha explicado que los profesionales no “nos jubilamos en función de las horas trabajadas, sino de los años trabajados” y que, “por supuesto, todas las horas trabajadas son horas cotizadas”.

La ministra ha reconocido que “existe mucho malestar acumulado en la profesión médica y en el resto de las profesiones sanitarias”, pero ha atribuido este descontento al Estatuto Marco de 2003 y ha criticado que “algunos”, en clara alusión a los convocantes de la huelga, pretendamos que “meta en un cajón” el nuevo Estatuto Marco para quedarnos con el actual.

Pues bien, todo lo que ha afirmado la ministra Mónica García es falso. Es más, contradice lo que ella misma decía no hace mucho. En relación con el cómputo de horas trabajadas de cara a la jubilación, la ministra afirmaba en una entrevista el 20 de marzo de 2024 que “las horas de guardia no computan como hora trabajada” y enfatizaba que “esto, cuando lo contamos hacia fuera, la gente no da crédito”. En esa misma entrevista añadía: “Tened en cuenta que un profesional que hace una guardia un fin de semana está trabajando 60 horas a la semana. Esto no ocurre en ninguna otra profesión”, y reconocía que esta situación da lugar a “profesionales agotados que están perdiendo su vocación”. Lo cierto es que nada de esto cambia con el nuevo Estatuto.

La ministra miente cuando afirma que nuestras reivindicaciones están resueltas, sugiriendo que nuestras movilizaciones obedecen a intereses espurios. No negaremos que en este Estatuto hay ciertas mejoras con respecto al anterior, pero son mínimas y no incluyen nuestra principal demanda: un marco normativo propio y un ámbito de negociación específico que nos permita ser interlocutores ante la Administración en defensa de nuestros derechos, representación que no existe en la actual Mesa del Ámbito. Este Estatuto sigue permitiendo las guardias de 24 horas obligatorias; sigue permitiendo las jornadas semanales de 60 y más horas, que escandalizaban a la ministra en marzo de 2024. Los descansos de los facultativos siguen reducidos a 36 horas semanales o 72 en 14 días. Seguimos obligados a hacer horas extra obligatorias a bajo coste. Estas horas de guardia siguen siendo ignoradas en el cómputo de tiempo trabajado de cara a la jubilación. El ejercicio de nuestros derechos más elementales sigue condicionado a las “necesidades asistenciales”.

En definitiva, el Estatuto de la ministra consagra el maltrato a la profesión médica y a los facultativos que ella misma denunciaba hace un año y, de este modo, contribuye al deterioro de la asistencia sanitaria a la población, pues una profesión médica maltratada difícilmente podrá garantizar una atención médica adecuada.

Mónica García hace gala de un cinismo insultante cuando nos atribuye la intención de “impedir que las enfermeras actualicen sus competencias en base a su formación”, algo que jamás hemos solicitado, aunque sí hemos pedido algo completamente distinto: que no se atribuya a otras categorías profesionales funciones propias del médico. O cuando afirma que nuestra aspiración es quedarnos con el Estatuto Marco actual, cuando sabe, porque lo hemos repetido hasta la saciedad, que nuestra aspiración es tener un Estatuto Marco propio completamente nuevo, que ponga fin a la explotación laboral de nuestro colectivo. O cuando compara el malestar de los médicos con el del “resto de las profesiones sanitarias”, cuando sabe que nuestras condiciones laborales son las peores de la sanidad pública.

Las mentiras, manipulaciones y “cambios de opinión” de Mónica García constituyen un profundo menosprecio hacia los facultativos, cuyas demandas tacha de “ilegítimas”. ¿Alguien piensa que la ministra se hubiese atrevido a considerar ilegítimas las demandas de cualquier otro colectivo? La ministra reniega de sus colegas de profesión, pero se equivoca si cree que podrá eludir su fracaso al frente del Ministerio disfrazando su incompetencia de victimismo.

Mónica García debe saber que no vamos a parar. Puede atender nuestras demandas y sentarse a negociar en serio, o bien persistir en su cerrazón y asumir las consecuencias de un profundo conflicto con la profesión médica. Por desgracia, de su decisión no solo depende su futuro político, sino también la supervivencia de la sanidad pública.

Sindicato Médico Andaluz SMA

Confederación Española de Sindicatos Médicos CESM