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03/03/2017

Todos los Colectivos,

¿Qué pasa en la sanidad andaluza?

¿Qué pasa en la sanidad andaluza?

Reproducimos un interesante artículo de Javier Rey que leemos en bez.es acerca de la gestión sanitaria andaluza de los últimos años y su política de ladrillo sanitario. Que cada uno saque sus conclusiones...

Fuente: Bez.es
Enlace: http://bit.ly/2mSNxhj

El conflicto que ha afectado a la sanidad andaluza en los últimos meses en torno al proceso de fusión de dos hospitales en Granada lo cerró hace pocos días la Junta de Andalucía con la renuncia expresa a la fusión y el cese de un amplio número de altos cargos sanitarios. Una caracterización de ese conflicto como un hecho puntual, debido a los defectos "técnicos"del proceso de fusión planteado, en el marco supuesto de un servicio de salud autonómico modélico, incurriría en un error de base.

Hace ya muchos años que la gestión sanitaria en Andalucía dejó de tener como objetivo principal la consolidación y mejora del servicio público sanitario para convertirse de manera preferente en uno de los instrumentos de identificación autonómica y política económica más importantes para el ejercicio y la conservación del poder territorial por el único partido, el socialista, que ha desempeñado el Gobierno desde que Andalucía se constituyó como comunidad autónoma. La sanidad, como en otras comunidades autónomas, es la mayor fuente de recursos puesta a disposición de la gestión del Gobierno andaluz, y el área de empleo preferente en su territorio.

En ese contexto, la política del ladrillo, ha ocupado un lugar principal: la construcción de centros sanitarios de todo tipo da satisfacción a las demandas de las autoridades locales de muchos pueblos y ciudades de menor tamaño y permite esperar réditos electorales manifiestos, a la vez que estimula la actividad y el empleo en ese sector.

El modelo hospitalario andaluz

La originalidad principal de la política de ladrillo sanitaria andaluza se centra en el nivel hospitalario. Primero fue, desde mediados de los años ochenta, la multiplicación (hasta trece de nueva construcción) de hospitales comarcales de pequeño tamaño (100 metros a 250 camas), de necesidad y ubicación discutibles en algunos casos. Años más tarde, ya en la primera década de este siglo, se promovió la creación de Centros Hospitalarios de Alta Resolución (CHARES), dotados de un número mínimo de camas (no superior a 30), y atendidos por plantillas muy reducidas.

La ineficiencia de estas políticas, nunca evaluada adecuadamente, deriva del escaso rendimiento funcional de muchos de esos centros (con índices de ocupación en algunos inferior al 50%); de la escasa capacidad de atracción tanto de pacientes como de profesionales de unos y otros; y de la baja capacidad de resolución de problemas (menos de cinco urgencias diarias atendidas en algunos de los segundos).

A la vez que aumenta el gasto corriente del Servicio Andaluz de Salud (SAS), su desarrollo ha sido ineficaz para resolver el principal problema de los centros hospitalarios andaluces, que sigue siendo el de las listas de espera, en niveles claramente insatisfactorios en toda Andalucía en los centros de mayor tamaño, sobre los que sigue recayendo la responsabilidad fundamental de la atención especializada.

Por su parte, lo ocurrido en la atención primaria con la construcción de numerosos centros de salud es semejante a lo sucedido en otras CC.AA. Su diseminación por el territorio no ha supuesto mejoras sustanciales en los promedios generales del tiempo de dedicación a cada paciente, que en Andalucía se mantienen en cifras inferiores a cinco minutos por visita, ni en la capacidad de resolución de problemas en las consultas.

Los planes de “fusión” de hospitales

La última ocurrencia de la política hospitalaria andaluza, durante la legislatura autonómica anterior, ha sido la planificación de procesos de fusión hospitalaria en diferentes capitales (Cádiz, Granada, Huelva,  Málaga, Sevilla) en las que, por razones históricas remotas, existen varios hospitales de gran tamaño que duplican de manera ineficiente dotaciones y servicios. Como en los casos anteriores, esa iniciativa se adoptó sin ninguna evaluación previa de sus posibles beneficios ni los efectos adversos a evitar, de la forma en que debería llevarse a cabo la integración, ni los pasos que habría que dar para realizar la de los servicios, no necesariamente todos, en los que fuera adecuada esa medida.        

Que el conflicto más reciente, que ha dado al traste con todos los procesos de fusión hospitalaria previstos, surgiera en Granada, tiene que ver con el torpe diseño del previsto de manera específica en esa ciudad. Ese proceso se debía adaptar, además, al diseño de un hospital de 700 camas (cerca de 300 menos que el Hospital Clínico, que desaparecería) construido hace más de diez años en el ámbito de un Parque Tecnológico Sanitario creado en las afueras de la ciudad. Suponía también, cambiando los planes iniciales, sustituir el criterio de asignación poblacional a cada centro conforme al lugar de residencia, por un criterio temático, en el que cada centro atendería distintos tipos de patologías. Esta última decisión generó dificultades manifiestas para mantener el acceso adecuado a las urgencias y a distintos servicios hospitalarios, repetidamente denunciadas desde las plataformas ciudadanas.

La gestión del personal sanitario en Andalucía

Que el conflicto haya alcanzado la resonancia suficiente como para que se haya llegado a la solución final mencionada, precisaba, sin embargo, de la confluencia del descontento ciudadano con el de amplios sectores profesionales: los de determinados servicios obligados a fusionarse sin tener en cuenta los intereses y culturas profesionales previas diferentes; pero también los de los profesionales sanitarios andaluces en general.

El descontento de buena parte de estos con su situación encuentra sus razones en la extensión de los mecanismos de contratación temporalen niveles superiores al 30%. También en algunas reducciones retributivas añadidas mediante normas propias (el Decreto-Ley 17/2012) a la reducción salarial aplicada por el RD-Ley estatal 20/2012 a todos los empleados públicos. Y en  la consolidación normativa de los mecanismos de libre designación de toda clase de cargos sanitarios, que, en ausencia de recambio en la responsabilidad política de la Junta, ha provocado el monopolio de aquellos por un colectivo cerrado y guiado por criterios de fidelidad política que, a la vez que facilita la aplicación de las políticas restrictivas, resulta de difícil renovación.

 Javier Rey es médico Inspector de la Seguridad Social. Miembro del grupo Sanidad 17