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24/03/2017

Todos los Colectivos,

Los sindicatos reclaman una OPE extraordinaria antes de que acabe el año y Hacienda responde...

Los sindicatos reclaman una OPE extraordinaria antes de que acabe el año y Hacienda responde...

Los sindicatos del Ámbito de Negociación de Sanidad, en su documento de propuestas para atajar la temporalidad del SNS, reclaman que se apruebe una oferta de empleo público (OPE) excepcional antes de que termine 2017 y se ejecute como máximo en tres años.

Fuente: Diario Médcico
Enlace: http://bit.ly/2mXsGtX

Los sindicatos del Ámbito de Negociación de Sanidad quieren que antes de que se termine 2017 se apruebe una oferta de empleo público (OPE) excepcional, según el documento de propuestas para solucionar la temporalidad del SNS que han elaborado en respuesta al borrador redactado por las autonomías que les entregó el Ministerio de Sanidad.

El escrito, al que ha accedido DM, señala que dicha OPE excepcional debería contener "todas las plazas presupuestadas susceptibles de convocatoria" y que podría ejecutcarse "en más de un ejercicio presupuestario y no más de tres", aunque para ello es necesario "eliminar la tasa de reposición".

Respecto al número de plazas, los sindicatos señalan que, aunque según la EPA podrían ser 94.000, es más adecuado que Administración y sindicatos realicen un análisis previo centro a centro, similar a lo que se ha hecho en Andalucía. Según las centrales, habría que priorizar las categorías con mayor eventualidad en el conjunto del SNS entre las que sean más numerosas y lleven más tiempo sin procesos selectivos.

Hay que recordar que en el documento de las comunidades no se pone fecha en ningún momento a una OPE extraordinaria, sino que se limita a hablar de la posibilidad de aprobar varias ofertas anuales para evitar dificultades de la gestión de oposiciones masivas.

Las centrales en cambio sí quieren que esa OPE tenga fecha y piden además un concurso de traslados previo, que la fase de oposición sea simultánea, la utilización generalizada de medios electrónicos para gestionar cada fase y un temario y un baremo común, en una línea similar a lo que proponen las comunidades.

Los sindicatos también están de acuerdo en articular una comisión de seguimiento permanente, en la que tendrían que estar presentes. Además, reclaman que las OPE tengan en cuenta varios puntos, como que por ejemplo el conocimiento de ciertas lenguas sea mérito y no requisito; fijar calendarios con las fases de los procesos selectivos y determinar de forma sencilla el número de aspirantes de la fase de oposición que pasen a la de concurso.

En este punto, las centrales proponen que para superar la oposición, se establezca la nota de corte en la media de notas de todos los participantes eliminando al 3 por ciento de los de mejores notas y al 3 por ciento de los que hayan obtenido peor puntuación. También reclaman que se apruebe y aplique el baremo común de méritos cuanto antes y que, de producirse cambios en la norma pactada entre centrales y Sanidad, estos sean mínimos.

El documento también propone varios cambios en el Estatuto Marco, como la indemnización por cese o sancionar a las autonomías que abusen de los nombramientos temporales. 

Puedes ampliar información en: 

Redacción Médica: 

El Ámbito pide sanciones a las CCAA que abusen de la temporalidad sanitaria

Y Hacienda revienta las previsiones con una OPE de 129.700 plazas sanitarias. 

El ministerio buscar reducir la temporalidad del SNS hasta el 8 por ciento en los próximos tres años. 

El Gobierno tiene previsto convertir de temporal a indefinidas 129.700 plazas en sanidad a través de una Oferta Pública de Empleo (OPE) excepcional, lo que supondría casi la mitad de todas las vacantes fijas de la Administración (cifradas en 280.000). Estos datos son, de momento provisionales, ya que falta que las comunidades pongan sobre la mesa los suyos.

Así se lo ha puesto de manifiesto el Ministerio de Hacienda a los sindicatos en su última reunión, tal y como han explicado diferentes voces sindicales a Redacción Médica. El objetivo del departamento que dirige Cristóbal Montoro no es otro que reducir la temporalidad en sanidad hasta el 8 por ciento en los próximos tres años y sacar cerca del 90 por ciento de las plazas del Sistema Nacional de Salud (SNS).

En cuanto a su distribución, Canarias, Andalucía y Cataluña serían tres de las regiones más beneficiadas de esta OPE sanitaria excepcional, según explican fuentes sindicales, ya que son donde mayor empleo temporal en sanidad hay (en el caso de las islas, por ejemplo, la precariedad laboral afectaría al 45 por ciento de los sanitarios).

Sin acuerdo en materia salarial

Uno de los aspectos donde no ha habido consenso entre sindicatos y Hacienda ha sido en materia salarial. Tal y como indican estas fuentes sindicales, el Gobierno propone una subida de sueldos para los funcionarios públicos (entre ellos, los sanitarios) similar a la del año pasado, de en torno al 1 por ciento. Una propuesta que se ha encontrado el rechazo de los sindicatos que, en mayor o medida, piden un incremento salarial acorde al IPC y a “lo perdido en los años de crisis”. Es decir, como mínimo, del 3 por ciento.

En cuanto a la tasa de reposición, los sindicatos aseguran que Hacienda mantiene su compromiso de mantener el 100 por cien en sanidad, aunque no es el único sector que se beneficiaría de esta iniciativa. El ministerio ha prometido que también se aplicará a los servicios de trasporte, seguridad, emergencias, puestos de atención al público de la Administración General del Estado (AGE), educación, fuerzas y seguridad del Estado, fuerzas armadas, lucha contra el fraude, gestión de los recursos públicos, justicia o prevención y extinción de incendios. Asimismo, también se incluyen a los investigadores, profesores universitarios, supervisión del mercado de valores, seguridad aérea, administración penitenciaria, seguridad nuclear, acción exterior, asistencia en servicios sociales y gestión de prestaciones de empleo.

Para el resto de colectivos de empleados públicos, se mantendrá la tasa de reposición en el 50 por ciento con carácter general, explican estos los sindicatos, los mismos que aseguran que el Gobierno mantiene su negativa de reducir la jornada laboral a 35 horas semanales de manera generalizada.