El número de agresiones, tanto físicas como verbales, ha superado en 2025 al del año anterior por quinta vez consecutiva. El ascenso progresivo de las agresiones desde 2020 se produce a pesar de las medidas recogidas en el Plan de Prevención y Atención frente a Agresiones a profesionales del SSPA, que ha revelado su incapacidad para poner freno a esta intolerable lacra. 

El citado Plan incluye medidas tales como la formación a los profesionales en técnicas de desescalada del conflicto, la designación de “profesionales guía” ante una agresión o los simulacros de agresiones. Sin embargo, a pesar del esfuerzo y consumo de recursos que estas actividades suponen para la Unidad de Coordinación de PRL del SAS y para los propios profesionales, año tras año se revelan insuficientes ante este gravísimo problema. 

Los efectivos de seguridad privada contratados para vigilar los centros sanitarios tampoco son suficientes, sobre todo en el ámbito rural y en Atención Primaria. De hecho, es en el ámbito hospitalario, con una presencia de seguridad privada mayor, donde se producen más agresiones físicas.

A pesar de este escenario tan poco halagüeño, seguimos sin noticia alguna de las medidas anunciadas por el consejero de Sanidad con motivo de la constitución del Observatorio de Agresiones a las Personas Profesionales del Sistema Sanitario Público de Andalucía el pasado 5 de noviembre, medidas que venimos reclamando desde el SMA en cada foro que aborda esta cuestión. Conviene recordar, asimismo, que las agresiones afectan de manera particularmente grave a las mujeres, que representan el 75% de las víctimas. La ausencia de medidas específicas ante este intolerable sesgo de género resulta especialmente preocupante.

El SMA considera imprescindible, ante las preocupantes cifras de agresiones y su evolución, la incorporación urgente de nuevas medidas más eficientes que pongan freno a esta situación intolerable. Entre otras, consideramos imprescindible avanzar en la implantación de un régimen sancionador a los agresores del personal del SSPA, que el consejero de Sanidad se comprometió recientemente a impulsar.

El consejero se ha comprometido, asimismo, en aras de una mayor eficiencia y de la actuación coordinada de todos los actores implicados en la solución de esta grave disfunción del sistema, a dictar instrucciones para que los Delegados de Prevención pudieran participar en las reuniones provinciales de coordinación junto a interlocutores policiales, Delegación de Sanidad y Responsables Directivos de los centros. Sin embargo, a pesar de que el SMA lo ha solicitado en reiteradas ocasiones, este compromiso sigue sin hacerse efectivo. 

No podemos seguir asistiendo impasibles al crecimiento constante de las cifras de agresiones a los trabajadores del SSPA. No podemos normalizar que los, y sobre todo las profesionales acudan a sus puestos de trabajo atenazadas por el temor a una amenaza, un golpe o un insulto, cuando no a situaciones de peligro para su vida. Es inadmisible que cada vez más facultativas y facultativos sufran de por vida las dramáticas secuelas psicológicas de una agresión. 

Instamos, por tanto, al nuevo consejero de Sanidad a que muestre en este terreno la misma resolutiva disposición de la que ha hecho gala ante otros problemas y lleve a cabo o promueva los cambios administrativos y legislativos necesarios para poner fin definitivamente a esta situación.