Informe Def

Las listas de espera, el copago farmacéutico y la exclusión sanitaria, lo más destacado en el informe del Defensor del Pueblo, desde el punto de vista de la Salud.

Disminuye el número de quejas en relación al año 2014. En Sanidad se presentaron 1465 quejas, lo que supone el 8,2 % del total de las presentadas (17822).

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La oficina del Defensor del Pueblo, cargo que ostenta Soledad Becerril, ha presentado su ‘Informe Anual 2015‘, el cual evidencia que, de las quejas recibidas y admitidas por esta institución en 2015 relacionadas con la sanidad, el 57 por ciento estaban vinculadas con el derecho a la asistencia sanitaria; el documento también aborda los casos de listas de espera de “incluso años” y recuerda los diferentes colectivos afectados por el copago farmacéutico.

Derecho a la Asistencia.

Destaca que más de un 57 por ciento de las admisiones a trámite “está referido a las quejas sobre derecho a la asistencia sanitaria, muy vinculadas a cuestiones de extranjería y a desplazamientos en el interior del territorio nacional”, por lo que las materias relacionadas con el derecho a la salud dieron origen, el pasado año, a 129 recomendaciones por parte de esta institución.

Igualmente, ”presentan altos porcentajes de admisión las quejas sobre derechos de información y documentación, con la prestación farmacéutica”, especialmente, según se explica en el texto, “en lo referente a la financiación pública de medicamentos y al copago de los usuarios”.

Listas de espera de «incluso años».

En cuanto a las demoras en la prestación sanitaria, el informe revela “la existencia de un elevado número de pacientes que deben esperar no pocos meses, e incluso años, para recibir tratamiento especializado”. Para la oficina del Defensor del Pueblo, “en estas quejas subyace que la demora en obtener la asistencia sigue siendo la principal causa de insatisfacción de los ciudadanos con la sanidad pública”.

El texto expone como ejemplos de esta situación un caso de tres años y medio para la realización de una cirugía bariátrica en el Hospital Doctor Negrín de Las Palmas; cinco años para un bypass gástrico en el Hospital Povisa de Vigo; entre año y medio y dos años para la realización de cirugía bariátrica en el Complejo Hospitalario de Toledo; siete meses en el Servicio de Urología para una intervención de carácter preferente en el Hospital Gregorio Marañón;  y 22 meses en el Servicio de Traumatología del Hospital Morales Meseguer de Murcia, entre otros.

En cuanto a la Atención Primaria, los aspectos de mayor relevancia manifestados a la institución del Defensor Pueblo estuvieron relacionados con la “libre elección de profesionales sanitarios, dificultades en el acceso a la atención sanitaria, las demoras en la atención, la presión asistencial soportada por los profesionales, la dotación de personal y la dignidad de los pacientes”. 

Por su parte, “la estructura, organización y funcionamiento de los centros de atención especializada han dado lugar, un año más, a un elevado número de quejas y de actuaciones de oficio”.

Con respecto a las urgencias hospitalarias, “las quejas planteadas siguen incidiendo en situaciones de saturación de estos servicios”, lo que trae como consecuencia, como apunta el informe, “la vulneración de la intimidad y dignidad de los pacientes”. Como muestra de esta situación el documento destaca “la permanencia de pacientes, durante amplios períodos de tiempo, en camillas y en los pasillos de los Servicios de Urgencias de los Hospitales Vall d’Hebrón de Barcelona, La Paz de Madrid y Punta de Europa de Algeciras (Cádiz)”.

Los afectados por el copago farmacéutico.

Según el informe, la aplicación del nuevo modelo de aportación de los usuarios en la prestación farmacéutica, el copago farmacéutico, que introdujo el Real Decreto-ley 16/2012, “continúa siendo objeto de un número destacado de quejas de aquellos ciudadanos que se ven perjudicados por las carencias o deficiencias del mismo”.

La institución del Defensor del Pueblo destaca, al respecto, como los principales afectadas de esta situación a “personas y familias con muy escasos recursos económicos cuya situación no puede encuadrarse en alguno de los supuestos tasados de exención en el copago farmacéutico”, que “deben abonar por tanto el 40 % del precio de los medicamentos”, así como a las personas con discapacidad, en grado igual o superior al 33 por ciento, “cuyas demás circunstancias personales o de percepción de prestaciones sociales no permite reconocerles la exención en el copago”.

Este es un resumen del Informe 2015 Anual del Defensor del Pueblo

Fuente: Acta Sanitaria